Exdirectivo del BBVA investigado en el caso Villarejo pide el archivo porque los trabajos del comisario fueron "legales"

El ex director de Riesgos de BBVA y expresidente de DCN (Distrito Castellana Chamartín) Antonio Béjar ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los diversos contratos del banco con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que archive la causa para él dado que los trabajos realizados fueron "legales". En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exdirectivo, dirigida por el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, sostiene que los servicios prestados por Cenyt, conglomerado empresarial bajo cuyo paraguas operaba Villarejo, para la localización de bienes de deudores del BBVA "fueron completamente legales y le reportaron utilidad a la entidad". Añade que la iniciativa de contratar a esa empresa no provino de Béjar ni del área de la que era responsable, y que su contratación "no se hizo ni fue supervisada por él, que carecía de poderes para ello". De hecho, sostiene --como ya hiciera en anteriores escritos-- que "la iniciativa de la contratación partió del entonces presidente del banco Francisco González, bajo la supervisión permanente de los servicios jurídicos, y firmando los contratos y autorizando los pagos Julio Corrochano --ex director de Seguridad-- por delegación del ejecutivo número 1". En este sentido, recalca que Cenyt era una empresa privada con oficinas "en un importante enclave de Madrid (Torre Picasso)" y que se contrataron sus servicios "para realizar una investigación patrimonial igual de legal que la que había hecho, sin éxito, Kroll" --otra agencia de investigación privada--. Suma a esto que "la supuesta condición de policía en activo del señor Villarejo era desconocida para el señor Béjar", así como que éste era el presidente y máximo beneficiario del Grupo Cenyt. Y apunta que esto se desprende de los dos únicos audios en los que se se le señala como uno de los intervinientes. PAGÓ INTERVENCIÓN DEL BANCO Por otro lado, fundamenta la petición de sobreseimiento una vez concluida la instrucción --al menos en lo que le concierne-- en que fue la intervención general del banco quien abonó las facturas emitidas por Cenyt. "El señor Béjar no tenía facultades para realizar los pagos, se limitaba a constatar que el servicio se había prestado y a remitir las facturas que le llegaban, que no fueron todas las correspondientes a los servicios de localización de bienes", explica. A esto suma que "carece de sentido" decir que era el autorizador de pagos, porque de ser así habría recibido todas las facturas emitidas. Apunta a esto que la remuneración percibida por Cenyt por sus servicios "estaba por debajo de lo habitual en el sector" y que las retribuciones por variables "se negociaron a la baja por el área de recuperaciones de la entidad, pues esa era la función que debía desempeñar Béjar y su equipo. EL CORREO DE REDONDO El abogado de Béjar señala en el escrito que el único hecho que se ha presentado como indicio de obtención de información de fuentes cerradas y que pudiera afectar a su defendido es el relativo a la posibilidad de existencia de bienes de uno de los morosos investigados. Esos supuestos bienes, explica, aparecen en una comisión rogatoria del Juzgado Central de Instrucción número 5, y comenta que Béjar supo de su existecia por un correo electrónico de Rafael Redondo --socio de Villarejo en Cenyt-- el 25 de julio de 2013. "Sin embargo, el contenido de esa comisión era de dominio público con anterioridad y ya se había publicado" el día anterior, subraya. Por otro lado, la defensa de Béjar carga contra el informe pericial o 'forensic' de PWC porque "no cumple con los debidos requisitos de imparcialidad y objetividad de un informe pericial y fue elaborado bajo el absoluto control del banco con la única información que éste decidía aportarles". Apunta que ese informe es la base para la imputación de Béjar y advierte de que hasta la Fiscalía indicó en su momento que "ha sido la persona jurídica la que ha dirigido unilateralmente la investigación interna y, con estas limitaciones, cercenado el conocimiento de documentos a personas afectadas directamente en los mismos". Para su defensa, Béjar "ha sido víctima de la manipulación de los hechos y de interpretaciones torticeras que le han causado un perjuicio irreparable". Por último, su abogado indica que los hechos del período concernido 2010-2014 referentes a la localización de bienes no son delictivos, pero que si se considerara que hay indicios de delito, "procedería igualmente el sobreseimiento, pues Béjar nunca tuvo el dominio del hecho ni contribuyó con actos esenciales a su ejecución que supusieran una aportación necesaria a la supuesta actividad delictiva". Cabe recordar que en esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. En la misma se investigan los servicios contratados por el banco a Cenyt para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.