Madrid, 9 abr (EFE).- Gobiernos del PSOE y del PP han recurrido desde los años ochenta a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes para acabar con crecientes bolsas de ciudadanos sin derechos y luchar contra la economía sumergida: más de un millón de inmigrantes consiguieron sus papeles en ocho procesos abiertos.
Hace nueve años que no se pone en marcha un proceso como el que reclama la iniciativa legislativa popular que ha llegado al Congreso de los Diputados y que busca regularizar la situación administrativa de alrededor de medio millón de extranjeros residentes en España.
Fue en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; una regularización que el Ejecutivo pactó con todas las fuerza política, menos el PP, los agentes sociales y las ONG ,y que "legalizó" a casi 578.000 extranjeros, según las cifras que ofreció el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Ha sido la regularización de mayor alcance hasta el momento y por primera vez se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigía un contrato de trabajo firmado.
Los dos primeros procesos extraordinarios se pusieron en marcha durante los gobiernos de Felipe González, en 1985 y en 1991, y se saldaron con más de 147.000 extranjeros beneficiados.
Ya con José María Aznar en La Moncloa, en 1996 se diseñó un mecanismo para conceder papeles a quienes hubieran sido titulares alguna vez de un permiso y a sus familiares, siempre que hubieran estado en España con anterioridad al 1 de enero de aquel año. Obtuvieron papeles alrededor de 21.000 inmigrantes.
El siguiente proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP, en 2000, fue mucho más amplio. Se exigió a los extranjeros haber entrado en España antes del 1 de junio de 1999 y haber contado en algún momento con una permiso o haberlo solicitado.
Solicitaron la regularización más de 244.000 extranjeros y consiguieron la documentación alrededor de 163.000.
Ante el elevado número de solicitudes rechazadas, el Ejecutivo revisó de oficio en 2001 los expedientes de extranjeros que, cumpliendo los requisitos, no pudieron acreditar su estancia en España antes de la fecha fijada. Y pudieron regularizarse 36.000 personas más.
El mismo año se celebró otro proceso extraordinario, pero muy distinto a los anteriores, ya que solo pudieron acogerse a él los ciudadanos ecuatorianos.
El 3 de enero de 2001 doce inmigrantes de Ecuador que carecían de permisos de residencia y trabajo en España murieron en un accidente de tráfico en Lorca al ser arrollada por un tren la furgoneta en la que se dirigían a trabajar al campo.
La tragedia llevó a cerrar un acuerdo con las autoridades de Quito para una "operación humanitaria de regularización" que financiaría el retorno voluntario de ecuatorianos a su país para obtener allí su permiso de residencia y trabajo en España. Poco más de 2.600 realizaron aquel viaje de ida y vuelta, ya que se comprobó que era más eficiente realizar los trámites sin el traslado y, finalmente, más de 20.000 ecuatorianos consiguieron sus papeles.
Pero el proceso de regularización más grande puesto en marcha durante los gobiernos de Aznar, también en 2001, fue la llamada "regularización por arraigo", que otorgó papeles a más de 239.000 inmigrantes.
Tuvieron que demostrar que demostrar que se encontraban en España desde principios de año y acreditar su arraigo en el país, su incorporación real o potencial al mercado de trabajo, una anterior residencia regular en el país o vínculos familiares con residentes legales. EFE
nl/bal
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