Unas 12 entidades de derechos humanos, juristas y asociaciones de familiares de presos han reprochado a la Generalitat que las protestas de los funcionarios "vulneran los derechos" de las personas internas. Según ha informado Irídia en un comunicado este miércoles, han enviado un comunicado al Síndic de Greuges, el servicio de Inspección de la Conselleria de Justícia, Derechos y Memoria, la Fiscalía del TSJC y el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en el que han denunciado que los bloqueos de las entradas a las prisiones, la prohibición de salir de las celdas y otras vulneraciones atentan contra los derechos fundamentales de los presos. En concreto, las organizaciones se tratan del Observatori del Sistema Penal i Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, Irídia, IACTA Socio Jurídica, Alerta Solidària, la asociación Observa, la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes y Associació de Famílies de Presxs de Cataluña. También están presentes en el comunicado la Comissió de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Associació Justícia i Pau de Cataluña, Institut de Drets Humans de Cataluña (IDHC), Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta (AFATRAC) y Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Según las entidades, las protestas han afectado a más de 4.000 personas presas, a las que supuestamente se les ha privado de salir de sus celdas, acudir a los servicios médicos, disfrutar de permisos, recibir visitas, ropa, dinero, asistir a juicios, comunicarse con sus letrados o acceder al Servicio de Orientación penitenciaria.
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