La renuncia a los Presupuestos de 2024 ayudará a bajar el déficit público

Madrid, 14 mar (EFECOM).- La renuncia del Gobierno a presentar Presupuestos para 2024, que supondrá extender la prórroga de las cuentas de 2023 a todo el ejercicio, ayudará a reducir el déficit público, aunque también podría frenar algunas inversiones y lastrar así el crecimiento económico.

La extensión de la prórroga presupuestaria, que lleva en vigor desde el 1 de enero, no implica que el Gobierno tenga que realizar ningún ajuste, ha explicado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido que el Ejecutivo podrá trabajar con estas cuentas hasta final de año.

Sin embargo, los expertos consultados por EFE advierten de que esta prórroga tiene efectos directos sobre el déficit, las inversiones y el crecimiento económico, a lo que se pueden sumar efectos indirectos sobre los fondos europeos.

La prórroga -coinciden el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, y el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso- debería contribuir a reducir el déficit, aunque ambos sostienen que no lo suficiente como para alcanzar el objetivo del 3 % del PIB marcado por el Gobierno.

Esta reducción del déficit vendría del lado del gasto, ya que, explica Cardoso, las cuentas de 2023 recogían inversiones que ya han finalizado y que no se repetirán en 2024, a lo que se añade, apunta Torres, la "congelación" de las partidas, que impedirá implementar nuevas inversiones como las previstas en vivienda o defensa.

En la práctica, se evitará el aumento del gasto público que estaba previsto para las nuevas cuentas, que iban a basarse en un techo de gasto de 199.120 millones, un 0,5 % más que en 2023. Es más, si no se tienen en cuenta los fondos europeos -que podrán implementarse en cualquier caso- el límite de gasto para 2024 iba a ser de 189.215 millones, un 9,3 % superior al de 2023 (173.065 millones).

Sin embargo, esta contención podría no llegar a producirse si se adoptan medidas de gasto por la vía del real decreto ley, al margen de las cuentas públicas, como sucedió en otras prórrogas presupuestarias.

Por el lado de los ingresos, el plan presupuestario remitido a Bruselas en octubre del pasado año estimaba que, en un escenario de políticas constantes, la recaudación repuntaría un 6 % en 2024, impulsada por los tributos sobre la renta, la riqueza y el consumo.

En principio, este avance de la recaudación no debería verse afectado por la falta de presupuestos, pero Torres y Cardoso puntualizan que si finalmente se materializa la contención del gasto público, esto podría frenar el crecimiento económico y, por consiguiente, los ingresos tributarios.

Otro de los factores que mermará el potencial efecto de la prórroga presupuestaria en la reducción del déficit es el incremento que experimentarán algunas partidas, como las de pensiones, salarios o intereses de la deuda.

El Gobierno ya ha subido las pensiones (en un 3,8 %) y el incremento de las retribuciones de los empleados públicos (2 %) se ha introducido en la ley antiinflación, actualmente en tramitación, dos partidas que van a crecer necesariamente en 2024, al igual que la de intereses de la deuda, en este caso por el actual entorno de tipos.

Estos factores, unidos al mayor gasto sanitario, van a compensar en parte los efectos de la contención del gasto por la vía de las inversiones y dificultar así el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas.

La falta de Presupuesto no afectará a la implementación de los fondos europeos -se preveía incluir 9.905 millones en las cuentas- porque el Plan de Recuperación ya está aprobado y se financia con los desembolsos de la Unión Europea.

"No va a suponer ningún frenazo ni va a tener ningún impacto", ha subrayado el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, porque "los presupuestos prorrogados contienen el suficiente espacio para llevar a cabo los desembolsos previstos". De hecho, la anualidad de 2024 es inferior a la de 2023.

Sin embargo, tanto Cardoso como Torres advierten de que sí podría haber un efecto indirecto en caso de que la ausencia de presupuestos dificulte cumplir alguno de los hitos e inversiones previstos para obtener nuevos desembolsos.

No toda la política económica pasa por el Presupuesto, ya que, por ejemplo, los nuevos impuestos sobre la banca y las energéticas, que convertirán en permanentes los gravámenes temporales, necesitarán leyes propias al suponer la creación de nuevos tributos.

Asimismo, la mayor parte de las medidas económicas pactadas durante la negociación de la investidura, como el traspaso de Rodalies a Cataluña o la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica, deberían tramitarse por otras vías.

Sin embargo, los preacuerdos alcanzados durante la negociación de las cuentas de 2024 sí incluían inversiones presupuestarias que, según ha avanzado Montero, se integrarán en las futuras cuentas de 2025.

Tras conocer estas declaraciones, tanto Bildu como BNG han reclamado que las medidas acordadas se adopten por otras vías legales sin esperar a las cuentas del próximo año. EFECOM

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