
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha defendido el derecho de los agentes de este cuerpo a participar en las protestas convocadas contra la ley de amnistía que exigen los independentistas catalanes para apoyar la eventual investidura de Pedro Sánchez, aunque a título personal y privado, "sin portar enseña, banderas o pancartas" identificativas de esta organización. La carta remitida a sus afiliados, a la que ha tenido acceso por Europa Press, subraya que JUCIL "defiende el derecho a disfrutar, como cualquier otro ciudadano, de la libertad de expresión y de manifestación". Este domingo se ha convocado un acto de protesta en Madrid por el PP y el 8 de octubre hay otro anunciado en Barcelona por Sociedad Civil Catalana. "Aquellos guardias civiles que acudan a estas manifestaciones y concentraciones lo harán de una manera personal y privada, sin portar ninguna enseña, banderas, pancartas o cualquier vestimenta con logotipos y distintivos de esta asociación apolítica", señala JUCIL, que recuerda que es una organización"apolítica". Los guardias civiles "deben y saben mantener una estricta separación entre sus convicciones ideológicas o políticas y la que es su actividad como garantes del cumplimiento de la ley", continúa la carta a sus asociados. JUCIL se remite al respeto a la Constitución y a que cada uno "tenga su propia ideología política, a expresarla fuera de su actividad profesional y a defenderla dentro del marco democrático y de legalidad constitucional". "¡Nada fuera de la Constitución!", subrayan en su escrito. "Nos sentimos autorizados a participar de forma activa en la defensa de la legislación que afecta a la actividad de la Guardia Civil y por eso saldremos de nuevo a la calle para reclamar la equiparación salarial frente a la injusticia de la diferencia de salarios entre cuerpos policiales o para protestar aquellos cambios legislativos que debilitan la autoridad de los agentes en su defensa de la ley", concluye JUCIL. En un comunicado difundido en la red social X el pasado 12 de septiembre, JUCIL advirtió que una amnistía "para decir lo que es delito" situaría al país "ante un golpe de Estado dictatorial", ya que el Gobierno "se impondría" sobre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, y "esto rompe con el Estado democrático y de derecho".
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