Ciudad de México, 11 sep (EFECOM).- El costo del Tren Maya, un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, superará los 515.000 millones de pesos (27.705 millones de euros) al cierre de 2024, unas 3,3 veces lo presupuestado en un inicio, según un análisis del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).
De esta cifra, 120.000 millones de pesos (unos 6.900 millones de dólares) es el presupuesto que la Secretaría de Hacienda pidió el viernes pasado al Congreso para el próximo año, aunque se prevé que la operación del tren arranque en diciembre próximo.
En el análisis oficial del Gobierno de México en 2019 se calculó que la inversión necesaria para el proyecto rondaba los 156.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares), pero la primera cifra de López Obrador fue de 120.000 millones de pesos (unos 6.900 millones de dólares) en 2018, antes de tomar posesión.
En 2024, "el Tren Maya tendrá un presupuesto de 120.000 millones de pesos, lo que implica un acumulado de 515.762 millones de pesos o más de medio billón de pesos de 2024", por lo que "el proyecto de infraestructura prioritario de este gobierno costará 3,3 veces lo que se presupuestó originalmente", resumió el IMCO en un informe tras conocerse el Paquete Económico 2024.
A finales de julio de 2022, López Obrador aceptó que el Gobierno mexicano invertiría hasta 20.000 millones de dólares en el Tren Maya, en el sureste del país, por lo que costaría hasta tres veces su presupuesto estimado.
Después, López Obrador indicó el 26 de junio pasado que la inversión proyectada para esta obra emblemática sería de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
El director general del Tren Maya, el general Óscar Lozano Águila, dijo este lunes que el 1 de septiembre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) transfirió el control y operación de la empresa Tren Maya S.A de C.V a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La obra del Tren Maya contempla más de 1.500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros locales en los cinco estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
El proyecto ha recibido críticas de organizaciones ambientalistas y políticos, quienes han pedido suspender las obras en distintos tramos por daños ambientales y comunitarios. EFECOM
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