
El cantante Julio Iglesias tendrá que hacer frente a una investigación judicial en España por las presuntas agresiones sexuales que dos antiguas trabajadoras aseguran haber sufrido en sus residencias del Caribe. El magistrado Antonio Piña Alonso, titular de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido a trámite la querella presentada por ambas mujeres, aunque ha limitado considerablemente los delitos que podrán ser objeto de las pesquisas. Investigará los posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero ha rechazado abrir una causa por trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
La resolución, dictada este miércoles 18 de noviembre, supone el primer paso judicial efectivo para esclarecer unos hechos que se remontan a 2021 y que habrían ocurrido en las propiedades que el artista tiene en República Dominicana y Bahamas. El juez considera que el relato de las denunciantes y la documentación aportada contienen elementos suficientes para iniciar una investigación penal, pero advierte de que la admisión de la querella no supone ningún juicio sobre la credibilidad de las mujeres ni sobre la responsabilidad del cantante.
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El procedimiento llega después de un primer intento fallido de las extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En enero de este año, el Ministerio Público archivó las diligencias preprocesales al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar unos hechos ocurridos fuera del país. Las denunciantes, respaldadas por la organización Women’s Link Worldwide, optaron entonces por acudir directamente a los juzgados mediante una querella presentada el pasado 3 de septiembre.
La Fiscalía cambió posteriormente de criterio. En un informe remitido al magistrado en octubre, el Ministerio Público defendió que la Audiencia Nacional sí podía examinar la denuncia, al considerar que concurrían los requisitos legales para ejercer la jurisdicción española sobre los presuntos delitos cometidos en el extranjero por un ciudadano español. El juez ha terminado admitiendo la querella, aunque su resolución contiene una extensa reflexión sobre los problemas que plantea investigar en España unos hechos que tuvieron lugar en otros dos países.
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(Noticia en ampliación)
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