
El Tribunal de Cuentas ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre los salarios que percibieron David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Luis María Carrero en la Diputación Provincial de Badajoz. La consejera de Cuentas Elena Hernáez Salguero ha rechazado archivar las actuaciones, como había solicitado la propia institución provincial, y ha acordado elevar el expediente a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Su cometido será investigar si los pagos realizados con dinero público por los dos puestos de trabajo cuestionados pudieron ocasionar un perjuicio económico a las arcas provinciales y, en ese caso, determinar quiénes deberían responder por él.
El auto considera que las denuncias plantean la posibilidad de que se abonaran salarios sin una justificación suficiente y que esa circunstancia, por sí sola, hace necesario esclarecer los hechos. “La sola posibilidad” de que existieran pagos carentes de justificación, recoge la resolución, obliga a abrir una investigación. La decisión coincide con el criterio del Ministerio Fiscal, que también había solicitado el nombramiento de un delegado instructor.
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El procedimiento se inició a raíz de las acciones públicas presentadas por Iustitia Europa, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos y el Grupo Popular de la Diputación de Badajoz. Todas ellas se apoyan en los hechos recogidos en la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado 14 de julio, que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con la modificación de su puesto de trabajo. La resolución penal consideró que la plaza que ocupó inicialmente como coordinador de las actividades de los conservatorios no era necesaria y que se había diseñado a medida del hermano del presidente del Gobierno.
Dos puestos de trabajo bajo sospecha
El Tribunal de Cuentas examinará dos plazas de la Diputación. La primera es la que ocupó David Sánchez desde 2017, inicialmente denominada coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música y posteriormente transformada en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La segunda es la de jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas, adjudicada a Luis María Carrero, amigo y antiguo colaborador de Sánchez.
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La Audiencia Provincial de Badajoz consideró probado que ambos puestos eran innecesarios y que su creación y adjudicación se enmarcaron en una actuación irregular de responsables de la institución provincial. En el caso de David Sánchez, los magistrados apreciaron que la plaza inicial se había configurado para que pudiera ocuparla y que, años después, se modificó su denominación y sus características para adaptarla a sus preferencias profesionales, vinculadas a la actividad operística. El tribunal también reprochó al hermano del presidente su escasa dedicación a las funciones de coordinación de los conservatorios.
La sentencia abordó asimismo la creación de la plaza de Carrero, que, según los hechos declarados probados, se articuló para que pudiera seguir colaborando con David Sánchez. El puesto estaba adscrito a otra estructura administrativa de la Diputación, aunque las denuncias sostienen que su cometido real estaba relacionado con las actividades del hermano del jefe del Ejecutivo.
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Es precisamente la dimensión económica de estos hechos la que ahora deberá aclarar el Tribunal de Cuentas. La jurisdicción contable no tiene que volver a juzgar los delitos de prevaricación ni revisar las condenas de la Audiencia Provincial, sino determinar si las irregularidades en la gestión de los puestos de trabajo se tradujeron también en un daño efectivo para los fondos públicos y si existe alguna persona obligada a repararlo.
Las cantidades que reclaman los denunciantes
Los escritos presentados ante el Tribunal de Cuentas ofrecen distintas estimaciones sobre el dinero que pudo salir indebidamente de las arcas provinciales. Vox cifró en 280.845,63 euros las cantidades abonadas a David Sánchez entre 2017 y mayo de 2024, mientras que Hazte Oír estimó en 340.572 euros las retribuciones percibidas desde julio de 2017 hasta mayo de 2025.
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La Fundación Abogados Cristianos elevó su cálculo a 340.572,36 euros para el hermano del presidente y añadió otros 86.988,76 euros correspondientes a Carrero entre enero de 2024 y junio de 2025. En total, la asociación situó el posible perjuicio inicial en 427.561,12 euros, sin incluir las cotizaciones sociales, eventuales indemnizaciones, dietas, desplazamientos ni otros costes que, a su juicio, podrían derivarse de los hechos.
Por su parte, el Grupo Popular de la Diputación presentó una estimación provisional de 416.798,82 euros para David Sánchez y de 113.200,76 euros para Carrero. La formación advirtió expresamente de que sus cálculos eran orientativos y no vinculantes.
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Estas cantidades no constituyen una deuda reconocida ni han sido validadas por el Tribunal de Cuentas. Precisamente, uno de los cometidos de la instrucción será reconstruir los pagos realizados y determinar si existió un menoscabo real de fondos públicos, así como su eventual importe.
La Diputación de Badajoz se opuso a continuar el procedimiento. En sus escritos de septiembre solicitó el archivo al entender que no existía un daño efectivo e individualizado en sus cuentas. La institución defendió que tanto las actividades vinculadas a los puestos como los servicios correspondientes al proyecto Ópera Joven se habían desarrollado y que las retribuciones abonadas a David Sánchez y Luis Carrero se correspondían con el trabajo realizado. También alegó que la sentencia de la Audiencia Provincial todavía no era firme.
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Sin embargo, la consejera de Cuentas considera que esos argumentos no permiten cerrar el expediente en esta fase. El auto recuerda que el archivo solo procede cuando resulta manifiesto que los hechos denunciados no pueden constituir un supuesto de responsabilidad contable. Entrar ahora a decidir si los salarios estuvieron o no justificados supondría, según explica, anticipar una conclusión que debe alcanzarse después de investigar los hechos y con las garantías correspondientes.
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