
La actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados ha quedado reducida a una especie de servicios mínimos tras el adelanto electoral decretado por Pedro Sánchez. Sin comisiones ni plenos, todo se reduce a lo que ocurre en la Diputación Permanente, donde solo se pueden votar las medidas que salen del Consejo de Ministros. El Gobierno está exprimiendo al máximo este organismo, donde no requiere el respaldo de Junts, para sacar adelante una batería de medidas sociales. Pero, como todo, la luna de miel no durará para siempre.
Porque fuera de Madrid, los parlamentos autonómicos siguen a pleno rendimiento y ya han puesto deberes a los próximos legisladores en la capital, que en el próximo curso deberán elegir sobre una cuestión que ya provocó bronca en el hemiciclo e incomodidad en el Ejecutivo: la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos, aunque esta vez solo en Baleares.
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El Parlamento balear, con mayoría del PP y Vox, aprobó esta semana el texto que contempla la prohibición total del velo integral musulmán en todo espacio público de las islas, multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o impongan su utilización a menores o mujeres bajo tutela, reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer a portar estas prendas, así como expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción. La medida, sin embargo, no puede ejecutarse sin la aprobación del Congreso, ya que supone una modificación del Código Penal y de algunas normas nacionales.
No es ningún secreto que la votación no se contempla en el Ejecutivo central. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ya han designado a las personas que se encargarán de defender la medida en el Congreso cuando se forme el próximo hemiciclo: los diputados de Vox Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez y la parlamentaria del PP Cristina Gil.
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Tres veces se votó y dos se rechazaron (y no por falta de consenso)
La Cámara Baja ya ha tratado con este culebrón tres veces: la primera, a través de una proposición de Vox; la segunda, de Junts; y la tercera, del PP, que también ampliaba el rango a los pasamontañas que “usó ETA”. Las proposiciones que llegaron a votarse fueron dos, ambas rechazadas por un estrechísimo margen, pese a que la mayoría del hemiciclo (de derechas) coincidía con el fondo del debate: la del partido de Santiago Abascal fue rechazada gracias al voto en contra de Junts, que defendió que “ni burka ni Vox”. En la segunda votación, impulsada por los independentistas catalanes, Vox se la devolvió con la misma premisa.
El debate fue igualmente un melón para el partido socialista, que reconoció que no dispone de una posición común sobre cómo regular esta prenda religiosa que muchos consideran “opresora para la mujer”. “¿Nos parece bien el burka? No. ¿Debería haber un debate sereno y razonable? Sí, pero la medida de Vox pretende avivar el odio”, se limitó a decir el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López. Desde la izquierda alternativa, el rechazo fue unánime porque entendieron que el propósito de Vox no era regular la prenda, sino criminalizar al migrante y poner el foco en la mujer.
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El éxito de la medida en un hemiciclo que, de acuerdo a los sondeos, podría fortalecer el bloque de la derecha, podría abrir la puerta a varias iniciativas que se han aprobado en otros parlamentos autonómicos con mayoría de PP y Vox. En la provincia de Almería, hasta tres municipios aprobaron mociones exigiendo medidas para restringir su uso en edificios públicos.
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