
La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre arrancó el pasado viernes con la vivienda, los salarios y la inmigración entre los temas principales, pero la lucha contra la violencia de género apenas se menciona en los mítines de los candidatos. Una ausencia que contrasta con la magnitud del problema: 45 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en España a manos de sus parejas o exparejas y solo trece de los agresores tenían denuncia por maltrato. Además, cada día se registra una media de 551 víctimas de violencia machista, lo que supone un 7,6% más que un año antes, de acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre de 2026.
El último feminicidio, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, se produjo el pasado 12 de noviembre en Gijón, lo que eleva el total de crímenes machistas a 1.386 desde 2003. La mujer, de 30 años y madre de dos hijos menores de edad, se llamaba Covadonga Patricia y había denunciado previamente por violencia de género a su expareja, un hombre de 40 años.
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Con ese contexto de fondo, el espacio progresista ha abierto la campaña con propuestas sobre vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos, principalmente. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevos impuestos para los fondos propietarios de viviendas vacías y permisos para el cuidado de los hijos, además de apostar por una reforma de la legislación electoral para simplificar y facilitar el voto exterior, entre otras cuestiones. Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, se ha comprometido a frenar la especulación inmobiliaria, elevar las pensiones y los salarios y reforzar los servicios públicos “para que sean dignos”, así como imponer un embargo total de armas a Israel.

En la derecha, el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado su promesa de construir “un millón de viviendas” y rebajar impuestos, y ha asegurado que fijará cupos máximos de personas migrantes para “garantizar una llegada ordenada”. El popular aludió el domingo en Santander a las políticas de igualdad y a la protección de las mujeres al cuestionar al Ejecutivo por los efectos de la ley del ‘solo sí es sí’, las rebajas de condenas a agresores sexuales y los problemas en las pulseras de control de maltratadores, pero no planteó medidas concretas para prevenir y combatir la violencia de género.
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En el caso de Vox, la ausencia de propuestas resulta aún más previsible, dado que el partido de ultraderecha rechaza el concepto de violencia machista y asegura que derogará las leyes de género en caso de llegar al Ejecutivo. A lo largo de estos últimos días, su líder y candidato a la presidencia del Ejecutivo, Santiago Abascal, se ha centrado en la prioridad nacional para acceder a los servicios sociales y ha vuelto a asociar migración y delincuencia, pese a que los datos no respaldan esa relación.
Para la politóloga Anna López Ortega el silencio de los partidos sobre la violencia de género también constituye un mensaje político. Pese a los feminicidios registrados en lo que va de año, la ausencia de propuestas revela que la violencia de género “ha quedado relegada en la agenda electoral”.
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“Hay algo políticamente muy significativo: aquello de lo que los partidos no hablan también comunica. Estamos hablando de 45 mujeres asesinadas y, sin embargo, la violencia de género apenas aparece en los mítines y esto nos dice mucho de las prioridades que están marcando la campaña”, señala a Infobae. A su juicio, se trata de un problema estructural que debería concitar un consenso democrático básico: “Lo que no entra en los mítines tampoco entra en las prioridades políticas y una democracia no puede permitirse que la violencia que sufren las mujeres desaparezca de la agenda precisamente cuando más necesita respuestas”.

El negacionismo de Vox “tiene efectos en las instituciones”
En cuanto al negacionismo de Vox sobre la violencia machista, la investigadora especializada en desinformación y extrema derecha advierte que no se limita al plano discursivo, sino que puede tener efectos concretos en las instituciones. “Lo estamos viendo en gobiernos autonómicos donde se sustituye el concepto de violencia de género por el de violencia intrafamiliar, y no es un simple cambio de palabras. Supone desdibujar las causas de la violencia machista y cuestionar la necesidad de políticas específicas”, añade.
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En ese sentido, López Ortega también responsabiliza al Partido Popular, ya que considera que cuando el partido acepta ese marco en sus acuerdos de gobierno o asume parte de ese lenguaje, “contribuye a desplazar consensos que han costado décadas construir”.
“Vox no necesita gobernar en solitario para cambiar las políticas públicas: le basta con condicionar al PP. Y cuando el negacionismo entra en las instituciones, puede acabar traduciéndose en menos prevención, menos recursos y menos protección para las víctimas”, concluye.
Andalucía concentra el mayor número de asesinatos machistas
De las 45 mujeres asesinadas este año, 29 eran españolas y 16 extranjeras, según los datos del Ministerio de Igualdad. En 20 casos, el agresor era la pareja de la víctima, mientras que en los otros 25 era su expareja o la relación atravesaba una ruptura.
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Andalucía concentra el mayor número de casos, con 12 mujeres asesinadas. Le siguen la Comunidad Valenciana y Madrid, con seis cada una; Cataluña, con cuatro, y Castilla-La Mancha, con tres. Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra registraron dos casos cada una, mientras que Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia notificaron una víctima.
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