Un socio gana la primera batalla al poderoso presidente Florentino Pérez: un juez obliga al Real Madrid a devolverle el abono que le había quitado por prestarlo a un amigo

Un socio del Real Madrid ha conseguido un importante triunfo contra el equipo de sus amores. Un primer triunfo judicial. La Sección Civil del tribunal de instancia de Madrid número 74 ha ordenado al club presidido por Florentino Pérez “la restitución inmediata y provisional del carné de abonado y tarjeta de socio” del demandante, “con plena eficacia para acceder al estadio Santiago Bernabéu en todos los partidos incluidos en el abono”. También ordena al club merengue “el levantamiento de la suspensión cautelar de abonado acordada por la Comisión de Disciplina Social” del Real Madrid.

La sentencia, firmada el 19 de octubre por el magistrado Juan Ignacio Gonzalo Pascual, supone un importante contratiempo judicial para la política disciplinaria que el Real Madrid aplica contra los socios investigados por el uso irregular de sus abonos. En este caso, el conflicto se remonta al Clásico frente al Barcelona que se disputó el pasado octubre de 2025, partido por el que este socio fue expulsado cautelarmente por haber prestado su localidad de forma gratuita a un amigo, que fue quién acudió a ver el encuentro. Y es que el origen de este conflicto judicial es el préstamo gratuito de ese abono. El socio lo cedió para que el hijo de un cliente profesional asistiera al Clásico. Esa cesión terminó en un expediente disciplinario.

No es un caso aislado. El propio club reconoció, en una comunicación a sus socios, la apertura de 641 expedientes por reventa y utilización indebida de abonos y entradas, de los que 112 habían terminado en pérdida definitiva de la condición de socio, mientras que el resto seguían pendientes de resolución. Ahora, por primera vez, una resolución judicial obliga al Real Madrid a dejar sin efecto una de esas suspensiones. El bufete Cremades & Calvo-Sotelo Abogados representa a más de un centenar de socios expedientados. Lo que antes desembocaba con frecuencia en suspensiones temporales hoy acaba a menudo en la sanción más grave de todas: la expulsión definitiva, incluso en supuestos de primera infracción.

El magistrado Gonzalo Pascual ha resuelto el caso sin dar traslado previo al Real Madrid, una modalidad que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite de forma excepcional cuando escuchar a la contraparte podría comprometer el resultado de la medida. En la resolución, el juez consideró que esperar a la celebración de una audiencia hubiera puesto en riesgo la eficacia de lo solicitado. Para aprobar una medida cautelar de este tipo, la ley española exige que se verifiquen tres condiciones: que exista riesgo de que la demora judicial vuelva irreparable el daño, que la pretensión tenga una apariencia razonable de fundamento y que la medida sea proporcional.

No es sentencia definitiva

La decisión no constituye una sentencia definitiva ni supone que el tribunal haya declarado irregular la actuación disciplinaria del club. Sin embargo, sí representa un pronunciamiento judicial favorable al socio en una fase inicial del procedimiento, al considerar necesario proteger sus derechos mientras se resuelve el conflicto. El juez considera acreditado el primero de esos requisitos con un argumento directo: si el club dispone del abono durante el tiempo que dure el proceso, el socio quedaría privado de asistir al estadio a lo largo de toda la temporada, lo que haría “enormemente” ineficaz cualquier sentencia favorable que se dictara al final.

De acuerdo con el relato del demandante, los vigilantes del Real Madrid le habrían exigido entregar las entrada, firmar un informe de control de identidad y señalar un supuesto precio por cada abono. El escrito sostiene, además, que el joven que tenía el abono del socio fue presionado bajo la amenaza de impedirle acceder al partido si no atendía esas exigencias. Estamos hablando de un menor de edad, de 17 años, que acudió con varios amigos al partido. Como condición para que la medida entre en vigor, el juez fija una condición económica: el afectado deberá prestar una caución de 1.000 euros en el plazo de 20 días desde la notificación del auto. El magistrado justifica esta cantidad por la posibilidad de que el abonado pueda volver a acceder al estadio durante buena parte de la temporada.

La resolución tiene otro límite temporal que el demandante deberá cumplir de forma estricta, el que obliga al socio a presentar la demanda principal ante el mismo tribunal dentro de los 20 días siguientes a la adopción de la medida cautelar: si no lo hace, la restitución del carné quedará sin efecto de forma automática. El Real Madrid, por su parte, no puede recurrir la resolución pero sí puede presentar oposición formal ante el mismo juzgado dentro de los 20 días desde que sea notificado. En el fondo del debate es que el Real Madrid está imponiendo suspensiones cautelares que impiden utilizar el abono mientras continúa abierto un expediente, una situación especialmente gravosa cuando la tramitación se prolonga durante meses.