Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

El trágico accidente ferroviario en Urda, el segundo ocurrido en la red de alta velocidad en apenas un año, ha reavivado el debate político sobre el estado de la red ferroviaria, una infraestructura de la que España siempre había presumido. Mientras partidos como PP o Vox apuntan a la falta de inversión, en el sector de la izquierda, grupos como Podemos, Compromís o Izquierda Unida lo achacan a la liberalización del sector desde finales de 2020 e inicios de 2021.

En este sentido, la candidata y líder de la formación morada, Irene Montero, ha propuesto la renacionalización del ferrocarril a través del artículo 128 de la Constitución, un mecanismo para reconocer la iniciativa pública en la actividad económica. “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”, reza el artículo. Según expresa en su primer punto uno, la nacionalización de un sector estará supeditada al interés general y puede aplicarse “especialmente en caso de monopolio”, aunque, en el caso del ferrocarril, no se da esta situación.

Montero aseguró en unas declaraciones a los medios que los trabajadores y sindicatos ferroviarios llevaban años advirtiendo de los problemas de seguridad derivados de la liberalización y denunció que numerosos servicios esenciales de mantenimiento, prevención, control y señalización están externalizados y dependen de empresas privadas, “que solo buscan maximizar sus beneficios”.

La señalización del tramo donde se produjo el accidente depende de dos compañías, Hitachi y Siemens, mientras que otras grandes constructoras como ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona están entre las empresas que realizan tareas de mantenimiento y prevención en el sistema ferroviario. En cuanto a las compañías de trenes, está Ouigo, filial de bajo coste de la francesa SNCF, que inició operaciones el 11 de mayo de 2021 en el corredor Madrid-Barcelona; y la italiana Iryo, participada mayoritariamente por la italiana Ferrovie dello Stato, se sumó en noviembre de 2022 al mismo corredor.

En 2024, con los tres operadores ya asentados en los principales corredores, los servicios de larga distancia transportaron cerca de 40 millones de pasajeros, un 77% más que en 2019. Al mismo tiempo, la inversión en infraestructura cayó a su nivel más bajo del período, con 1.764 millones de euros, y el gasto en conservación por viajero descendió a 8,5 euros.

El antecedente en Reino Unido: el proyecto que deshizo la caótica liberalización en los 90

Sobre esta posibilidad, precisamente en el sector ferroviario ya existe un precedente en Europa. El pasado 2024, el gobierno laborista del Reino Unido anunció la renacionalización de su ferrocarril tras la desastrosa liberalización en los años 90, que recortó los servicios al mínimo y retrasó la llegada de los nuevos convoyes. La formación que entonces lideraba Keir Starmer se comprometió a renacionalizar toda la red ferroviaria de viajeros en un máximo de cinco años, a medida que expirasen los contratos privados y sin abonar indemnizaciones a los operadores.

El plan comenzó con la nacionalización el 31 de mayo de ese mismo año de Govia Thameslink Railway, el principal operador de cercanías de Reino Unido, que conecta el aeropuerto de Gatwick con la estación Victoria de Londres. Las rutas que regresaron al sector público concentran el 17% de los desplazamientos ferroviarios de viajeros del país. La nacionalización, defendió entonces el ministro de Ferrocarriles británico, Peter Hendy, supuso “eliminar la burocracia que había frenado el desarrollo del ferrocarril durante décadas” bajo un sistema privatizado y fragmentado.

Aunque aún falta por conocer los resultados a. largo plazo, el Ejecutivo británico sostuvo que la reversión de todos los contratos privados pendientes permitiría ahorrar 150 millones de libras al año solo en comisiones. Los viajeros, defendió el ministro, empezarán a percibir los efectos de la nacionalización cuando esté operativo el proyecto completo, lo que provocará menos cancelaciones, billetes más sencillos y una única organización dedicada al servicio público.