Junts presenta una propuesta alternativa de vivienda de 59 páginas que incluye una restricción a la compra de pisos por fondos buitre hasta 2028 y deducciones fiscales por alquiler

Junts per Catalunya ha condicionado cualquier negociación sobre vivienda con el Gobierno central a la retirada de los dos decretos que el Congreso de los Diputados vota este viernes. La formación dirigida por Carles Puigdemont rechaza respaldar ambos textos y plantea sustituirlos por una propuesta propia.

La decisión se adoptó durante una reunión extraordinaria de la Ejecutiva Nacional de Junts, celebrada el jueves por la noche. La posición de Junts deja las dos normas sin el apoyo suficiente para salir adelante en la Cámara. La formación sostiene que los decretos tendrían efectos “negativos e irreversibles” en el mercado del alquiler y entre las familias que atraviesan dificultades económicas.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha adelantado que no retirarán los textos, que “funcionan”; y ha exigido a Junts que deje de “engañar” con sus argumentos. Ha defendido que los dos decretos “ni esquilman a nadie ni confiscan nada”. “La vivienda es un derecho y el que quiera hacer negocio especulativo con ella que vaya a otra parte”, ha dicho el socialista a Nogueras.

El partido ofrece como alternativa un texto legislativo propio

La propuesta alternativa de Junts, según información de EFE, consiste en un decreto de vivienda de 59 páginas entregado este viernes que recoge una batería de medidas con las que el partido quiere descargar a los propietarios del coste de políticas que, según defiende, no les corresponden. El documento busca, según el grupo, evitar una caída de la oferta de alquiler y reforzar la seguridad jurídica del propietario frente a la okupación.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, representantes de Junts han asegurado que no se trata de una “propuesta cerrada”, lo que deja margen para introducir modificaciones en una negociación posterior con el Gobierno. El borrador plantea que el Estado asuma el coste de los alquileres de inquilinos vulnerables, que se proteja al pequeño propietario y que el alquiler pueda desgravarse en la declaración de la renta.

La lista incluye también ayudas para la compra de primera vivienda. En el propio texto, Junts sostiene que “la oferta de vivienda en alquiler descansa sobre pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en una segunda vivienda o que complementan con su renta una pensión, y cuya decisión de mantener la vivienda en el mercado depende de la confianza en unas reglas estables”.

El documento añade que la emergencia habitacional obedece a la escasez de oferta y no al comportamiento de los propietarios, y sostiene que la protección de los colectivos vulnerables y la corrección de las tensiones del mercado exigen políticas y recursos públicos, en lugar de convertir, en su opinión, al arrendador privado en el sujeto que soporta estos costes.

Prórrogas de alquiler y cambios fiscales entre las medidas

Entre las propuestas figura una prórroga extraordinaria pactada de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que podría acordarse por plazos anuales hasta un máximo de dos años con las mismas condiciones. Como alternativa a esa prórroga, se contempla la renovación del contrato o la firma de uno nuevo con una renta inferior en al menos un 5 % respecto a la última.

El texto incorpora también modificaciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el de la Renta de no Residentes y el de Patrimonio. Entre ellas, una deducción temporal por alquiler de vivienda habitual para los ejercicios 2026 y 2027: los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 33.007,20 euros podrían deducir el 15 % de las cantidades abonadas. Se prevé además una exención por la transmisión de vivienda desocupada a administraciones públicas y una rebaja del IVA al 5 % para entregas de edificios de nueva construcción aptos para vivienda, incluidas hasta dos plazas de garaje.

Protección a deudores hipotecarios y límites a grandes tenedores

El borrador recoge también mecanismos de protección para los deudores hipotecarios sobre su vivienda habitual, con una modificación del Código Civil que permitiría extinguir la deuda mediante reembolso cuando una entidad de crédito ceda un conjunto de créditos que incluyan hipotecas sobre vivienda habitual. También se plantea una limitación temporal, hasta el 31 de diciembre de 2028, a la adquisición de viviendas por entidades financieras, fondos de inversión y grandes tenedores, así como la suspensión de lanzamientos en procesos instados por esos mismos actores cuando se trate de vivienda habitual, con el mismo horizonte temporal.

El documento incluye avales estatales para la cobertura parcial de la financiación destinada a ampliar el parque de alquiler social o asequible, además de otros avales, por un máximo de 280 millones de euros hasta 2040, para proyectos de construcción industrializada de vivienda. Se añaden cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil referidos a los desahucios por falta de pago en vivienda habitual en casos de vulnerabilidad, y modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal orientadas a dar más facilidades para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.

Junts mantiene que la retirada de los decretos actuales por parte del Gobierno es el requisito previo para sentarse a negociar, mientras que el Ejecutivo pide una abstención que permita llevar las medidas a trámite parlamentario y discutir allí las modificaciones propuestas por los distintos grupos.