
El quinto intento de desalojo ha sido el definitivo para Zaira, su marido y sus cuatro hijos —tres de ellos menores de edad—, una familia que residía en el distrito madrileño de Vicálvaro y que se ha quedado este lunes en la calle sin alternativa habitacional, según denuncia la plataforma Stop Desahucios. En junio, un tribunal aplazó el cuarto intento de desalojo, a petición del Ministerio Fiscal, para dar más tiempo a los Servicios Sociales del Ayuntamiento a encontrar una alternativa. Sin embargo, esa solución no llegó durante el verano y la familia ha sido finalmente desalojada.
La comisión judicial ha llegado sobre las 11:20 de la mañana y el desahucio se ha ejecutado poco después, a las 12:40, en medio de un amplio dispositivo policial que ha incluido cargas por parte de los agentes contra las personas que trataban de frenar el desalojo, según denuncia Stop Desahucios. “Se han quedado en la calle sin alternativa habitacional. De momento, tendrán que repartirse en casas de familiares que les puedan acoger”, explican desde la plataforma a Infobae. El piso donde Zaira y su familia han residido durante más de 10 años pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.
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Su caso llegó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió a España adoptar medidas para evitar el desahucio al considerar que no se había evaluado el impacto sobre los menores ni se había ofrecido una alternativa habitacional adecuada. Pero, pese a esas recomendaciones, lamenta Stop Desahucios Vicálvaro, la Comunidad de Madrid retomó el proceso por la vía penal y finalmente quedó pospuesto hasta este 28 de septiembre.
Esta familia alquilaba previamente una vivienda particular, pero la enfermedad del padre —tiene un 65% de discapacidad— y la falta de ingresos les llevaron a ocupar un piso vacío de la AVS que se encontraba “en un estado deplorable”, según sus propias palabras. En 2015, el matrimonio trató de regularizar su situación a través de un alquiler social, pero el organismo público “se ha negado a llegar a un acuerdo”. “Solo querían pagar un alquiler adecuado a sus ingresos“, ha señalado la plataforma.
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La AVS, por su parte, reclamaba el inmueble por tratarse de una ocupación irregular y ha defendido que debe gestionar el parque público de vivienda.
Desde la plataforma explican que la Ley 9/2015 de la Comunidad de Madrid permitió durante años regularizar mediante alquiler social las situaciones de ocupación de viviendas públicas del IVIMA (hoy Agencia de Vivienda Social) “y esa era precisamente la vía por la que Zaira intentó normalizar su situación”. Sin embargo, la Ley 11/2022 eliminó esa posibilidad.
Decreto ley sobre vivienda
El desalojo de esta familia en Vicálvaro se produce mientras continúan las reacciones por el caso de Maricarmen, cuyo desahucio ha derivado en una acampada en la Puerta del Sol en Madrid, como la que se vivió en 2011 con el 15M, aunque esta vez convocada por el Sindicato de Inquilinas. Quienes permanecen en la plaza y se han manifestado en los últimos días aseguran que seguirán protestando hasta que las políticas de vivienda cambien en España hacia un modelo que proteja a los inquilinos.
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Reclaman que el decreto ley sobre vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros no solo incluya protección antidesahucios y medidas contra la especulación, sino que los contratos de alquiler sean indefinidos.
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