Denuncian ante el Defensor del Pueblo dos eventos taurinos de personas con acondroplasia: “Consideraron aceptable humillar a personas por su condición física”

La Fundación Franz Weber (FFW) ha presentado dos quejas ante el Defensor del Pueblo por la celebración de eventos taurinos con personas con acondroplasia en los municipios de Cantalapiedra, en Salamanca, y Cortes de la Frontera, en Málaga. La organización ha sostenido que ambos actos se han realizado durante las últimas semanas con colaboración de las administraciones locales. “Existe una responsabilidad política clara: desobedecer una normativa para favorecer a un lobby taurino que considera aceptable humillar a personas por su condición física”, han justificado.

La iniciativa alude a la aprobación por el Consejo de Ministros de España del real decreto, en febrero de 2026, por el que se prohíbe autorizar espectáculos taurinos y, en general, organizar eventos públicos, que supongan una mofa pública y que atenten contra la dignidad y los derechos de personas con discapacidad, como personas con enanismo. Aunque este tipo de espectáculos ya estaban prohibidos por la Ley General de la Discapacidad, desde aquel momento las sanciones han sido mucho más duras, al tipificarse como infracciones muy graves.

Por ello, la FFW ha pedido que el Defensor del Pueblo advierta a los dos ayuntamientos sobre el marco legal aplicable. La entidad ha considerado que los ayuntamientos implicados han desatendido las advertencias previas. Señalan además como varias entidades vinculadas a esta materia, como CERMI, la Fundación Dfa o la Asociación ADEE se han manifestado contrarias a convocatorias similares en los últimos 3 años, anunciando peticiones para solicitar la suspensión de estas actividades taurinas, entendiendo que sí se produce una mofa o burla.

De cuánto podría ser la multa

La Fundación Franz Weber ha sostenido que los ayuntamientos de Cantalapiedra y Cortes de la Frontera podrían afrontar consecuencias económicas si se determina su implicación en los eventos. “Dependiendo del grado de implicación, podrían ser sancionados con hasta 1 millón de euros, dentro del catálogo de sanciones que contempla el Ministerio de Derechos Sociales, si el expediente que puedan abrir considera estos eventos como ‘infracción muy grave’”, han afirmado.

La organización ha reclamado que las medidas alcancen a las empresas que han promovido los festejos y a las administraciones que los hayan respaldado. “Sanciones efectivas. Ya que con la advertencia previa parece no funcionar, las administraciones competentes deben sancionar a las empresas promotoras y extender esta responsabilidad económica a los consistorios que avalen o colaboren”, han pedido desde la FFW.

Infobae ha intentado contactar con los ayuntamientos de Cantalapiedra y Cortes de la Frontera para conocer su posición sobre las denuncias y su grado de participación en los actos, pero ninguno ha respondido hasta el momento. La Fundación Franz Weber ha planteado que el Defensor del Pueblo puede intervenir mediante un “recordatorio de deber legal”, que ha definido como “un equivalente a una reprimenda pública por vulnerar derechos de la ciudadanía, en este caso, de las personas con acondroplasia”, han explicado.

Es difícil conocer si existe voluntariedad

La entidad ha señalado que las personas con acondroplasia que han participado en los festejos serían “personas de origen latinoamericano que viven en condiciones de práctica precariedad”. También ha puesto en duda que exista una decisión plenamente voluntaria: “En este contexto es difícil afirmar que existe una voluntariedad teniendo en cuenta que solo se han realizado 2 eventos en 2026 (de momento) y que esto no se puede considerar un trabajo, ni siquiera temporal”, han reconocido.

La fundación ha añadido que desconoce las condiciones concretas de contratación, aunque ha considerado que “sin duda son mucho peores que un empleo al uso”. “Nadie es capaz de vivir únicamente con dos sueldos al año, por lo tanto consideramos que lo coherente es sumarse a programas como ‘Pisadas con Dignidad’”, ha afirmado en alusión a la iniciativa de formación y apoyo laboral para personas que dependían de estos espectáculos.

Rubén Pérez, coordinador de campañas de la Fundación Franz Weber, ha enmarcado la denuncia en la defensa de los derechos humanos. “Hablamos de Derechos Humanos y del respeto a la dignidad de todas las personas. Estos eventos menoscaban la integridad moral de un grupo poblacional por su mera existencia y condición física, y por tanto consideramos que los Gobiernos autonómicos tienen que posicionarse contra estas prácticas, mientras que los Gobiernos locales implicados deberían desvincularse de inmediato por el perjuicio que están causando a la ciudadanía.”