Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

Las bajas médicas le salen caras a la Seguridad Social. En 2025, el gasto fue de 18.413,3 millones de euros, el equivalente al 10,4% de los ingresos por cotizaciones sociales. El gasto en bajas laborales crece 6.000 millones en España en cuatro años. Y, según un artículo publicado por Fedea y firmado por Octavio Granado, ex secretario de Estado de Seguridad Social, este aumento se debe principalmente a la caída del desempleo. Este experto realiza un análisis sobre la evolución de la incapacidad temporal y ha lanzado varias propuestas, como endurecer el control de las bajas por salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en procesos musculoesqueléticos.

El autor propone que las bajas por salud mental que se prolonguen dejen de seguir el circuito habitual y pasen a estar bajo control de profesionales especializados. El documento no fija un número de días concreto a partir del cual debería producirse esa derivación, aunque remite a los procesos que adquieran carácter prolongado.

El autor vincula esta propuesta con una crítica al tratamiento actual de estas patologías durante la incapacidad temporal. Según la ponencia, una baja extensa en la que el único tratamiento sean fármacos psicoactivos, sin una estrategia de rehabilitación, puede generar problemas de adaptación cuando el trabajador se reincorpore a su empleo o derivar en dependencia de esos medicamentos.

A partir de ese diagnóstico, Granado reclama que la rehabilitación sea obligatoria para los trabajadores en incapacidad temporal por enfermedad común, categoría en la que se incluyen los procesos de salud mental. Si los servicios públicos de salud no pudieran ofrecerla de manera directa, propone que esa atención se concierte con las mutuas colaboradoras.

El texto no cuantifica qué proporción del aumento del gasto en incapacidad temporal corresponde a la salud mental. La menciona como un ámbito que requiere medidas específicas de seguimiento y recuperación, debido a la duración que pueden alcanzar algunos de estos procesos, no como el factor principal detrás de la evolución del gasto.

Ampliar el papel de las mutuas en procesos musculoesqueléticos

En un apartado diferenciado, el texto propone que los dispositivos sanitarios de las mutuas colaboradoras atiendan todos los procesos musculoesqueléticos. Esta categoría reúne patologías que afectan a músculos, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios o la columna vertebral, como lumbalgias, cervicalgias, tendinitis, lesiones de rodilla, hombro o muñeca y otros problemas similares.

La iniciativa supone ampliar el papel asistencial de las mutuas en bajas por enfermedad común. En la actualidad, estas entidades tienen una presencia vinculada de forma principal a contingencias profesionales, como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, además de determinadas funciones en la gestión de la incapacidad temporal.

El texto plantea que las mutuas cuenten con recursos para tratar el conjunto de los procesos musculoesqueléticos. Si los servicios autonómicos de salud no concertaran esa atención, el autor propone que la Administración del Estado pueda descontar el coste correspondiente de la financiación sanitaria destinada a las comunidades autónomas.

El informe vincula el alza del gasto con la caída del desempleo

El análisis sitúa estas reformas en un escenario de fuerte crecimiento del gasto en incapacidad temporal. La cifra pasó de 12.468,6 millones de euros en 2021 a los más de 18.400 millones de 2025. En esos cuatro años, la tasa de desempleo bajó del 13,3% al 9,9%.

Granado considera que la reducción del paro es el factor que mejor explica el incremento agregado de esta prestación. Su tesis es que un mercado laboral con más empleo aumenta la utilización de las bajas, mientras que la destrucción de puestos de trabajo reduce el gasto.

El documento reconoce que las demoras en pruebas diagnósticas, operaciones, tratamientos y rehabilitación afectan a la duración de las bajas. Aun así, cuestiona que el funcionamiento de los servicios sanitarios explique por sí solo la subida del gasto, ya que la tendencia se ha observado en todos los territorios.

Por otro lado, propone homogeneizar las cuantías de las prestaciones por enfermedad común, enfermedad profesional, mutualismo administrativo y Seguridad Social. Además, plantea aplicar una cotización adicional, revisable, cuando los complementos salariales pactados en convenio se asocien a un gasto superior en incapacidad temporal frente a casos comparables sin ese incentivo.