Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Félix Bolaños no da por cerrada su batalla con Juan Carlos Peinado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recurrido ante el Tribunal Supremo el archivo de las quejas que presentó contra el juez por su actuación durante el interrogatorio al que le sometió como testigo en La Moncloa. Después de más de un año de investigación interna, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó que los hechos denunciados no justificaban una sanción disciplinaria. Bolaños discrepa y ha decidido llevar el asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.

El recurso, adelantado por El País, no plantea una nueva acusación penal contra Peinado. Lo que pretende el ministro es que el Supremo revise la decisión del órgano de gobierno de los jueces y determine si el CGPJ acertó al archivar las actuaciones. La clave del escrito está precisamente en discutir uno de los argumentos utilizados para cerrar el expediente: que las actuaciones denunciadas formaban parte de la función jurisdiccional del juez y que, por tanto, debían combatirse mediante los recursos judiciales correspondientes y no por la vía disciplinaria.

Bolaños sostiene que esa interpretación es demasiado amplia. A su juicio, “no toda actuación desarrollada por un juez o magistrado en el ejercicio de su cargo puede quedar automáticamente sustraída a la potestad disciplinaria”. Los hechos denunciados, añade, “presentan una naturaleza que difícilmente puede calificarse como estrictamente jurisdiccional”.

Al ministro le parece especialmente discutible que el Consejo haya considerado ajenas a su control algunas actuaciones que, según defiende, no tenían que ver con el contenido de las decisiones judiciales, sino con la manera en que Peinado organizó y desarrolló determinadas diligencias. El recurso menciona, entre otras cuestiones, la exigencia de que una notificación se practicara personalmente, la decisión unilateral sobre el lugar en el que debía celebrarse una diligencia, el condicionamiento de su realización a la disponibilidad de un vehículo del parque móvil ministerial y la “innecesaria rotulación de un vehículo como policial”. Son, sostiene Bolaños, actuaciones que “afectan a cuestiones organizativas, de gestión o de modo de desarrollo material de determinadas diligencias”, pero cuyo carácter exclusivamente jurisdiccional “no resulta en modo alguno evidente”.

427 días para cerrar una queja

El recurso dedica también un espacio considerable al propio funcionamiento del CGPJ. Bolaños considera especialmente llamativo que hayan transcurrido 427 días entre la presentación de su primera queja y la notificación del acuerdo definitivo de archivo. En su opinión, el tiempo empleado resulta difícil de justificar porque las diligencias informativas se referían a hechos concretos y perfectamente identificados.

“Desde la presentación del primer escrito de queja hasta la notificación del Acuerdo que ahora se recurre han transcurrido 427 días”, señala el ministro, pese a tratarse de una diligencia informativa circunscrita a actuaciones “muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Bolaños cuestiona además el alcance de la investigación: “Durante este prolongado periodo temporal la actividad instructora desplegada ha sido, además, francamente limitada, habiéndose practicado un número muy reducido de diligencias de investigación”.

Su crítica al órgano de gobierno de los jueces es especialmente severa. El ministro sostiene que las “irregularidades” que atribuye a Peinado, muchas de ellas “ampliamente conocidas por la opinión pública”, han “hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia”. Y acusa al CGPJ de haber sido incapaz, “bien por conservadurismo, bien por corporativismo”, de corregirlas y “reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”.

Bolaños tampoco oculta que no confía demasiado en que el propio Consejo vaya a rectificar su decisión. El recurso de alzada, explica, no se presenta porque espere que la Comisión Permanente revoque su propio acuerdo, sino por “la convicción” de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

En esa misma línea, el ministro afirma que la impugnación “responde a la convicción de que los hechos e irregularidades denunciados no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar” del órgano al que corresponde constitucional y legalmente ejercer la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados.

El enfrentamiento tiene su origen en una mañana de abril de 2025. El 16 de ese mes, Peinado se desplazó hasta el complejo de La Moncloa para interrogar a Bolaños como testigo en la investigación que entonces dirigía sobre Begoña Gómez. El juez quería conocer, entre otras cuestiones, lo ocurrido con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno. La declaración se prolongó durante varias horas y acabó convirtiéndose en un episodio de fuerte tensión entre el magistrado y el ministro.

Bolaños entendió que la actitud de Peinado durante aquella diligencia había ido más allá de lo razonable y comenzó a presentar quejas ante el CGPJ. En el recurso, describe la conducta del magistrado durante aquella declaración como “objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil”. Uno de los momentos que destaca es la advertencia de Peinado de que “podría modificar su condición procesal de testigo a investigado” en cualquier momento.

Para el ministro, la relevancia de aquel episodio no se limita a la corrección jurídica de la advertencia. Sostiene que también tuvo un efecto intimidatorio sobre quien estaba declarando como testigo y recuerda que estos deben declarar “libremente sobre los hechos que conocen”.

No fue, por tanto, una protesta aislada por la manera de formular una pregunta. La reclamación de Bolaños fue creciendo hasta abarcar 19 supuestas irregularidades. Entre los episodios denunciados figuraron también el reproche de Peinado por “esbozar una sonrisa” durante la declaración y la colocación de una tarima para situar al juez por encima del ministro, una circunstancia que Bolaños considera carente de respaldo legal.

También cuestionó que el juez interrumpiera la declaración durante unos treinta minutos para que pudiera recabar información sobre algunas cuestiones que no estaba contestando con precisión porque no las recordaba. El recurso sostiene que “el testigo está llamado a declarar sobre los hechos que conoce” y que no forma parte de sus obligaciones “efectuar investigaciones, recabar información de terceros, realizar consultas o desarrollar actuaciones de averiguación destinadas a completar la instrucción de una causa penal”.

Peinado también intentó llevar a Bolaños al Supremo

La historia tiene, además, una vuelta de tuerca. Mientras Bolaños acudía al órgano de gobierno de los jueces para denunciar la actuación de Peinado, el juez trataba de que el Tribunal Supremo investigara al ministro.

En junio de 2025, Peinado remitió al Alto Tribunal una exposición razonada en la que apreciaba indicios de posibles delitos de malversación y falso testimonio por parte de Bolaños, relacionados con la contratación de Cristina Álvarez. El juez no podía investigarle directamente porque el ministro es aforado y correspondía al Supremo decidir si había base suficiente para abrir una causa.

La Fiscalía se opuso y la Sala de lo Penal del Supremo terminó archivando la petición en julio de 2025. Los magistrados concluyeron que no existían indicios suficientes para justificar una investigación contra el ministro. A partir de entonces, Bolaños incorporó este episodio a sus quejas ante el CGPJ.

Ahora, con su recurso ante el Supremo, Bolaños mantiene abierta la cuestión que lleva más de un año enfrentándole al instructor de la causa de Begoña Gómez. La discusión ya no se limita a lo ocurrido aquel día en La Moncloa. El fondo del recurso es determinar hasta dónde llega la independencia y el margen de actuación de un juez y dónde empieza la responsabilidad disciplinaria por la manera en que desarrolla sus funciones.