Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido reforzar su estrategia contra los pisos turísticos con una medida dirigida directamente a las comunidades de propietarios. El Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) ha ampliado hasta 256.000 euros el presupuesto destinado a ayudar a los edificios que quieran prohibir el uso turístico de las viviendas. La partida inicial era de 56.000 euros.

La ampliación, aprobada por la Comisión de Gobierno, llega después de que la primera convocatoria despertara más interés del previsto. El consistorio ha decidido además prolongar hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para presentar las solicitudes. Las ayudas buscan facilitar que las comunidades puedan modificar sus estatutos y establecer de forma expresa la prohibición de destinar viviendas del edificio a actividades turísticas.

La subvención cubre hasta el 50% de los gastos de gestión necesarios para llevar a cabo el cambio, incluidos los costes de notaría, registro de la propiedad y honorarios profesionales. Las comunidades pueden recibir hasta 1.500 euros si modifican unos estatutos ya existentes y hasta 2.500 euros cuando se trata de crear unos nuevos.

Una demanda un 30% superior a la prevista

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha defendido la ampliación como respuesta al interés generado por el programa. El objetivo de las ayudas, ha recordado, “es contribuir a la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad y la aportación de la primera convocatoria se aprobó en el marco de los acuerdos con ERC”. “Lo que hace ahora el Gobierno municipal es ampliar estas ayudas en 200.000 euros para poder dar respuesta a la demanda, que ha superado en un 30% las previsiones”, ha añadido.

La iniciativa nació de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona. La primera convocatoria se publicó en febrero y desde entonces se han registrado más de 80 solicitudes, una cifra que ha llevado al Gobierno municipal a incrementar los fondos disponibles.

La medida se integra en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para reducir progresivamente el peso de las viviendas de uso turístico (HUT) en Barcelona. El consistorio ha anunciado que no prorrogará las licencias de las más de 10.000 viviendas turísticas que existen actualmente en la ciudad una vez llegue 2028.

El Ayuntamiento prevé el fin de los pisos turísticos en 2028

La eliminación de estas licencias cuenta, según el último barómetro municipal, con el respaldo del 75% de los barceloneses. El Ayuntamiento sostiene que el regreso de parte de estas viviendas al mercado residencial puede contribuir a aliviar la presión sobre los precios de la vivienda, especialmente en una ciudad donde el acceso al alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para los hogares.

Un estudio elaborado el pasado año por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) estimó el posible impacto de la desaparición de los HUT. Según sus cálculos, la vuelta de estas viviendas al mercado residencial podría provocar una reducción de entre el 8% y el 13,4% en los precios de los alquileres.

El mismo análisis calculaba además una caída del 6,1% en los precios de compraventa, sin que el proceso tuviera, según sus estimaciones, un efecto negativo sobre el producto interior bruto de Barcelona. La política municipal persigue así que las viviendas actualmente dedicadas al turismo puedan recuperar progresivamente su función residencial.

Qué deben hacer las comunidades para recibir la ayuda

Para acceder a la subvención, las comunidades de propietarios deben aprobar la creación o modificación de sus estatutos e incluir expresamente la prohibición del uso turístico de las viviendas o de aquellas actividades económicas que puedan alterar la convivencia en el inmueble.

El acuerdo adoptado por los propietarios debe utilizar además una cláusula homologable con el modelo establecido por la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio de Administradores de Fincas y el propio Ayuntamiento. El objetivo es garantizar que el cambio estatutario cumpla los requisitos exigidos y pueda aplicarse de forma efectiva.

Una vez aprobado, el nuevo texto debe elevarse a documento público e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Este paso resulta imprescindible para que la modificación tenga validez frente a terceros y quede vinculada jurídicamente al inmueble.

Las comunidades deben cumplir, además, con sus obligaciones fiscales y estar al corriente de los pagos con la Administración del Estado, la Generalitat y la Seguridad Social. De esta manera, Barcelona condiciona las ayudas no solo a la decisión de prohibir los pisos turísticos, sino también a que el procedimiento se formalice correctamente y quede registrado.