La perdiz roja, la codorniz común o el pato colorado: más de la mitad de las aves que se cazan en España están en declive

España, al igual que el resto de países de todo el mundo, enfrenta un serio problema con respecto a su biodiversidad. En un contexto marcado por la confluencia de amenazas, son miles las especies que se encuentran en peligro; así, muchos expertos defienden que actualmente nos encontramos ante la sexta extinción masiva, cuyo causante es, sin duda, el ser humano.

Son muchas las presiones que pueden llevar hasta el borde de su desaparición a los taxones que pueblan la Tierra: contaminación, cambio climático, especies invasoras... Entre ellos, sin duda, se encuentra la caza.

La organización ornitológica SEO/BirdLife denuncia que de las 35 aves cinegéticas que hay en la península Ibérica y en las islas Baleares, 20 se encuentran en declive (un 57 %), a las que se suman otras 9 (un 26 %) con poblaciones muy pequeñas o para las que se carece de información suficiente sobre su tendencia estatal.

Así lo destaca la asociación en un reciente informe, Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, en el que advierte de los riesgos de que estos animales continúen siendo objeto de aprovechamiento pese a su situación. Es el caso, por ejemplo, de la perdiz roja, cuya población ha caído un 57,6 % desde 1998, o el ánsar común, cuyo declive ha sido de un 93,8 % desde 2000.

“Recuperar las aves cinegéticas es una prioridad de conservación y también la condición para que la caza pueda tener futuro”, explica Mario Giménez, coordinador del Área de Conservación de Especies y Espacios de SEO/BirdLife. “No se trata de enfrentar conservación y aprovechamiento, sino de asegurar que todas las actividades permitan la recuperación de las poblaciones cinegéticas que se encuentren en declive”.

La caza no es la única causa, pero sí contribuye al declive

Desde la asociación indican que el declive de estas aves no se debe únicamente a la caza. “En los medios agrarios, la intensificación, la desaparición de barbechos, linderos, setos y pastizales, así como determinadas prácticas de siega y cosecha, y el uso inadecuado de productos fitosanitarios reducen el alimento, los refugios y los lugares de reproducción”. Con respecto a las aves acuáticas, se ven afectadas por “la alteración del régimen hídrico, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la degradación de los humedales”.

Es por este motivo por el que prohibir la caza de una especie no es suficiente para recuperar sus poblaciones, pues es necesario poner en marcha estrategias que permitan recuperar sus hábitats e incidir en el resto de presiones que motivan su declive. Así, las moratorias temporales no pueden ser una alternativa, pero sí se convierten en una “herramienta de gestión adaptativa y de seguridad jurídica”. De esta manera, no deben entenderse como una respuesta punitiva.

Un ejemplo de la eficacia de esta medida es el caso de la tórtola europea: durante 50 años, esta especie sufrió un declive en Europa occidental, tras lo que se aprobó la suspensión temporal de su caza durante tres temporadas. Esto, tal y como defienden desde SEO/BirdLife, coincidió con los primeros signos de recuperación en la ruta migratoria occidental. “La experiencia demuestra que reducir la mortalidad cinegética puede contribuir de forma decisiva a la recuperación, aunque debe acompañarse de medidas duraderas sobre los hábitats agrarios”.

20 aves cinegéticas sufren un declive en España

El informe de la organización analiza la situación de las 35 aves cinegéticas de la península Ibérica y las islas Baleares. La paloma torcaz (Columba palumbus), el faisán vulgar (Phasianus colchicus) —especie exótica cuya caza se hace sobre la base de sueltas legales—, la cuchara común (Spatula clypeata), el estornino pinto (Sturnus vulgaris), el zorzal común (Turdus philomelos) y el zorzal charlo (Turdus viscivorus) cuentan con una tendencia positiva.

Por el contrario, la situación del resto es preocupante en muchos casos, con un declive que pone en peligro la supervivencia de la especie: perdiz roja (Alectoris rufa), 57,6 %; ánade rabudo (Anas acuta), 68,5 %; silbón europeo (Anas penelope), 51,5 %; ánsar común (Anser anser), 93,8 %; grajilla occidental (Corvus monedula), 68,8 %; codorniz común (Coturnix coturnix), 60,4 %, y zorzal alirrojo (Turdus aliacus), 86,2 %.

La tendencia también es decreciente en casos como la cerceta común (Anas crecca), el ánade azulón (Anas platyrhynchos), el porrón europeo (Aythya ferina), la corneja negra (Corvus corone), la focha común (Fulica atra) o el pato colorado (Netta rufina).

El análisis específico de Canarias, debido al carácter insular del terreno, el reducido tamaño de muchas poblaciones y las carencias de seguimiento, aconseja que se refuerce la cautela sobre estas aves cinegéticas.

Moratorias, planes de recuperación y ecosistemas funcionales

“La condición de especie cinegética no supone que su caza pueda autorizarse automáticamente todos los años y en cualquier territorio”, señalan desde SEO/BirdLife. De hecho, la Directiva de Aves exige que “el aprovechamiento sea compatible con el mantenimiento o el restablecimiento de las poblaciones en niveles adecuados”.

Por este motivo, desde la organización ornitológica reclaman que la información regional relativa a poblaciones, tendencias y capturas se actualice, así como que se aplique el principio de precaución cuando no existe una base científica suficiente para justificar el aprovechamiento de cada especie.

“Cuando los datos regionales acrediten declive, o cuando no existan datos suficientes, deberán adoptarse planes de recuperación y, cuando sea necesario, suspensiones temporales de la caza hasta que la población vuelva a una situación compatible con el aprovechamiento”, exigen.

Además, debe tenerse en cuenta la recuperación de barbechos y linderos, la protección de elementos seminaturales, las rotaciones y diversidad de cultivos, la reducción de impactos de fitosanitarios y las prácticas de cosecha que eviten la destrucción de nidos y polladas. Con respecto a las aves acuáticas, reclaman que se priorice la recuperación de humedales y que se asegure agua suficiente y de calidad. “Sin ecosistemas funcionales no será posible recuperar las poblaciones ni sostener ningún aprovechamiento con garantías”.