Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

El Parlamento de Navarra ha aprobado una modificación legislativa que blinda de forma indefinida las viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al alquiler, impidiendo que puedan pasar al mercado libre una vez transcurrido el periodo de protección establecido hasta ahora.

La reforma, impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, salió adelante con el respaldo de Geroa Bai y los votos en contra de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita. El objetivo declarado es reforzar el parque público de vivienda y evitar que inmuebles construidos con fines sociales terminen integrándose en dinámicas especulativas.

La nueva normativa elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o alquiler asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva, una opción contemplada hasta ahora en la legislación foral.

Evitar la venta de 2.248<b> </b>pisos protegidos

La modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda extiende además la protección indefinida a todas las viviendas protegidas en alquiler cuyo periodo de protección siga vigente cuando la norma entre en vigor, independientemente de la fecha en que fueron calificadas.

Con este cambio, el Gobierno foral y los grupos que apoyan la iniciativa buscan evitar que miles de viviendas protegidas abandonen progresivamente el parque social durante las próximas décadas.

Según los datos aportados durante el debate parlamentario, un total de 108 viviendas perderían su condición de protegidas a corto plazo si no se hubiera aprobado esta reforma. La cifra aumentaría a unas 1.300 viviendas en los próximos cinco años y alcanzaría las 2.248 antes de 2050.

Los grupos impulsores consideran que la medida permitirá preservar durante décadas un parque residencial asequible destinado a familias con dificultades de acceso al mercado libre de vivienda.

Más poder para las administraciones en zonas tensionadas

La reforma incorpora además una modificación relevante en materia de tanteo y retracto. A través de una enmienda impulsada por Geroa Bai, se reserva a las administraciones públicas el derecho preferente de compra sobre determinadas viviendas protegidas que hayan sido descalificadas.

Esta facultad se aplicará en zonas declaradas como Mercado Residencial Tensionado y afectará a inmuebles propiedad de grandes tenedores, es decir, personas o entidades que posean cinco o más viviendas en dichas áreas.

La medida también incluye garajes, trasteros y otros anejos vinculados a las viviendas. El objetivo es que las administraciones puedan adquirir estos inmuebles para destinarlos posteriormente al alquiler social o a otros fines de interés público.

Este derecho preferente se mantendrá durante los diez años posteriores a la finalización legal del régimen de protección y se aplicará tanto a la primera transmisión como a las sucesivas operaciones de compraventa realizadas entre particulares.

Un debate político marcado por la vivienda

Los partidos que respaldaron la reforma defendieron la necesidad de garantizar que las viviendas protegidas mantengan su función social a largo plazo y no terminen incorporándose al mercado libre una vez finalizado el periodo de protección.

A su juicio, el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales de la comunidad y requiere medidas estructurales que permitan incrementar y conservar el parque público de vivienda.

Por el contrario, UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita criticaron duramente la iniciativa. Durante el debate parlamentario denunciaron que la reforma genera “inseguridad jurídica” y acusaron al Gobierno foral de actuar con improvisación en una cuestión tan sensible para el sector inmobiliario.

Entrada en vigor inmediata

Los grupos contrarios al cambio legislativo sostienen que la reforma no resolverá los problemas de acceso a la vivienda y alertan de que podría generar incertidumbre entre promotores e inversores. Pese a estas críticas, la modificación legislativa ha sido aprobada mediante el procedimiento de lectura única, lo que ha permitido acelerar su tramitación parlamentaria.

La nueva regulación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), momento a partir del cual todas las VPO en alquiler que sigan protegidas quedarán automáticamente sujetas al nuevo régimen de protección indefinida.

Con esta decisión, Navarra se sitúa entre las comunidades autónomas con una política más restrictiva respecto a la descalificación de viviendas protegidas y refuerza su apuesta por preservar un parque público de vivienda estable a largo plazo, en un momento en el que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.