Gobierno y PP fracasan en su intento de esconder a la ciudadanía cuánto paga España por los medicamentos

La maniobra impulsada por Gobierno y PP para blindar por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan por los medicamentos financiados con dinero público ha terminado descarrilando en el Congreso, otra vez. La enmienda que pretendía impedir el acceso a esta información no ha logrado superar el trámite parlamentario y se ha quedado fuera de la futura ley de cribado neonatal, que sí continuará ahora su recorrido legislativo en el Senado.

Así, la Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado este jueves, con competencia legislativa plena, el texto de la proposición de ley sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud. La iniciativa ha recibido 33 votos a favor, uno en contra -el de Podemos- y dos abstenciones de Vox. Sin embargo, la votación final ha dejado fuera todas las enmiendas que seguían vivas, incluida la que buscaba convertir en secreto legal los descuentos y precios reales que las farmacéuticas acuerdan con las administraciones para financiar medicamentos.

La enmienda para blindar el secreto de los precios

La propuesta fue presentada mediante una enmienda transaccional pactada entre PSOE, PP y Sumar. Su objetivo era reforzar jurídicamente la confidencialidad de los acuerdos económicos entre las compañías farmacéuticas y el sistema público de salud. De haber prosperado, habría dificultado aún más el acceso de periodistas, investigadores y ciudadanos a los importes efectivos que paga el Estado por tratamientos sufragados con fondos públicos.

Desde el Ejecutivo han defendido que la opacidad es necesaria para mantener la posición negociadora de España frente a la industria farmacéutica internacional. También evita que una modificación de gran alcance en materia de transparencia sanitaria se incorporara a una ley muy diferente, y cuyo objeto principal es regular y mejorar las pruebas de detección precoz de enfermedades en recién nacidos.

Sin embargo, varios grupos parlamentarios y organizaciones han criticado que una modificación de la Ley de Medicamentos se intentara introducir a través de una norma centrada en el cribado neonatal. El diputado de Podemos, Javier Sánchez, ha justificado el voto negativo de su formación precisamente por esta cuestión.

Según ha denunciado, la “ley de los medicamentos en su origen tenía un objetivo loable, pero lo que hoy se vota también es una reforma que blinda por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan a las multinacionales farmacéuticas por los medicamentos financiados con dinero de todos”.

Sumar apela al contexto internacional

Durante el debate parlamentario, Sumar ha defendido la enmienda alegando que el contexto internacional ha cambiado. El diputado Rafael Cofiño ha argumentado que la medida era “un paso imprescindible para protegerse de la cláusula de nación más favorecida impuesta por Donald Trump, que pone en peligro la comercialización temprana de los medicamentos en España”, añadiendo que “Estados Unidos impondrá en su país el precio del Estado que menos esté pagando en el G7 más Dinamarca y Suiza”.

Según esta interpretación, Estados Unidos podría utilizar como referencia los precios más bajos de determinados países para fijar los suyos propios. Si los descuentos negociados en España se hicieran públicos, las compañías farmacéuticas tendrían incentivos para retrasar la comercialización de algunos medicamentos hasta cerrar acuerdos que no afectaran a otros mercados más rentables.

La ley de cribado neonatal sigue adelante

Más allá de la polémica sobre los medicamentos, la norma principal sí ha superado este trámite parlamentario y continuará ahora su recorrido en el Senado. La futura ley pretende homogeneizar en toda España el programa de cribado neonatal, conocido popularmente como la “prueba del talón”. Se trata de una de las herramientas más importantes para detectar de forma precoz enfermedades raras y trastornos congénitos en los recién nacidos.

Actualmente, la cartera común del Sistema Nacional de Salud incluye el cribado de 21 enfermedades, entre ellas el hipotiroidismo congénito o la atrofia muscular espinal. No obstante, las comunidades autónomas pueden ampliar esa lista, lo que ha generado importantes diferencias territoriales. Mientras algunas regiones analizan únicamente las patologías incluidas en la cartera común, otras llegan a detectar hasta 43 enfermedades.

El texto también contempla la participación de sociedades científicas, expertos externos y asociaciones de pacientes en el proceso de revisión. Además, encomienda al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la elaboración de protocolos comunes para armonizar los tiempos de realización de las pruebas, el acceso a los diagnósticos y la confirmación de resultados.

No obstante, aunque la ley establece que el programa deberá evaluarse y actualizarse al menos una vez al año siguiendo criterios científicos, la norma mantiene la capacidad de las comunidades autónomas para incorporar pruebas adicionales a sus respectivas carteras de servicios.