La futura ley para armonizar y actualizar el cribado neonatal sigue su camino en el Senado

Madrid, 25 jun (EFE).- La futura ley de cribado neonatal, que busca armonizar y actualizar anualmente en todas las comunidades la llamada prueba del talón a los recién nacidos, ha recibido la luz verde este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso con competencia legislativa plena, de forma que pasa al Senado sin votarse en el pleno.

La Comisión ha aprobado el informe de la ponencia sobre la proposición de ley sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, que impulsó el grupo socialista el pasado mes de noviembre y que ha salido adelante por 33 votos a favor, uno en contra (Podemos) y dos abstenciones (Vox).

Las enmiendas que quedaban vivas han sido rechazadas en el texto final, que había incluido una enmienda transacional de PSOE, PP y Sumar que blinda legalmente el secreto de los precios de los medicamentos con financiación y que acuerdan las farmacéuticas con las administraciones públicas.

Esta enmienda ha provocado el voto en contra de Podemos a todo el texto, porque se trata de "una reforma de calado sin debate específico y metida por la puerta de atrás que modifica la ley del medicamento", según ha criticado el diputado Javier Sánchez.

La futura ley de cribado neonatal sigue ahora su tramitación en el Senado con el objetivo de avanzar en la equidad de esta prueba, garantizando su actualización anual con criterios científicos, "sin depender de la voluntad política", ha explicado la diputada socialista Carmen Martínez.

La prueba del talón es la principal prueba diagnóstica para la detección temprana de enfermedades raras, con el objetivo de poder tratar estas patologías antes de que aparezcan síntomas, evitar la mortalidad prematura infantil y prever discapacidades.

Actualmente, el Sistema Nacional de Salud incluye en su cartera de servicios el cribado de 21 enfermedades (desde el hipotiroidismo congénito hasta la atrofia muscular espinal), pero cada comunidad puede ampliar el listado, de forma que en algunos territorios se elevan hasta las 43.

"La no coincidencia en el cribado de las distintas patologías podría estar generando una situación de inequidad en el acceso a las mismas", explica el texto de la iniciativa, cuyo objetivo es armonizar el programa de cribado, que deberá evaluarse y actualizarse como mínimo una vez al año.

"Las evaluaciones periódicas podrán servir para ampliar la lista de enfermedades incluidas en la cartera común, sin que en ningún caso la revisión o actualización suponga la eliminación de cribados ya implantados, salvo que cambien las evidencias en los criterios de evaluación de los cribados", señala el texto.

En cualquier caso, las pruebas que se incluyan deberán tener un respaldo científico que verifique su eficacia, según el texto, que ha incluido que "sin perjuicio de lo anterior, las comunidades autónomas podrán seguir incorporando en sus respectivas carteras de servicios aquellas técnicas o procedimientos de cribado neonatal adicionales no incluidos en la cartera común".

El texto también incluye la participación de sociedades científicas, expertos externos y asociaciones de pacientes y familiares en el proceso.

Será el Consejo Interterritorial de Salud el que establecerá protocolos para que las comunidades autónomas gestionen de manera homogénea los tiempos, el acceso y la confirmación de las pruebas.

Por el PNV, el diputado Mikel Legarda ha advertido del impacto financiero de la ley, que debe evaluar el Consejo Interterritorial de Salud para garantizar la sostenibilidad a las comunidades que luego tienen que pagarlo.

"Esta legislatura esta marcada por la ausencia de presupuestos, y las leyes corren el riesgo de nacer con dudas sobre su aplicación efectiva", ha advertido el diputado del PP Antonio Cavacasillas.

Vox ha argumentado su abstención porque la iniciativa es un avance técnico, "pero no resuelve el problema estructural de las diferencias territoriales" por un modelo altamente fragmentado, ha explicado Tomás Fernández.

El diputado de Podemos Javier Sánchez ha explicado que la "ley /de los medicamentos) en su origen tenía un objetivo loable, pero lo que hoy se vota también es una reforma que blinda por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan a las multinacionales farmacéuticas por los medicamentos financiados con dinero de todos".

Sánchez ha criticado la falta de transparencia y el acceso a la información sobre estos precios para los investigadores, periodistas y ciudadanos, y sobre todo antes de que el Tribunal Supremo dicte doctrina sobre este asunto en varias causas pendientes.

Pero el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha replicado que esta enmienda "es un paso imprescindible para protegerse de la cláusula de nación más favorecida impuesta por Donald Trump, que pone en peligro la comercialización temprana de los medicamentos en España", tan necesarios para los tratamientos de las enfermedades raras que se detectan en los cribados neonatales.

"Estados Unidos impondrá en su país el precio del Estado que menos este pagando en el G7 más Dinamarca y Suiza", algunos de los cuales utilizan como referencia los precios en España, lo que puede dilatar la salida al mercado de fármacos mientras se negocia su precio. EFE