Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzó hasta marzo de este año las 3.328 operaciones, el valor más elevado para un primer trimestre desde 2022. Este dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela una tendencia de crecimiento interanual del 38,1%, a pesar de la leve reducción respecto al trimestre anterior. En comparación con el periodo inmediatamente anterior, se observa un descenso del 3,8%. El INE remarcó que no todas las ejecuciones hipotecarias concluyen con el desalojo de los propietarios, por lo que esta estadística no supone un aumento equivalente en el número de desahucios.

En total, se contabilizaron 6.602 certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad durante el periodo analizado. Este volumen implica una caída del 4,7% frente a los tres meses previos, pero un crecimiento del 20,1% respecto al año anterior. La mayoría correspondió a fincas urbanas, con 6.275 casos, mientras que las fincas rústicas registraron 327 procedimientos, cifra que representa una baja trimestral del 15,1% pero un ligero aumento interanual del 1,9%.

Casi 4.000 personas físicas entra en el proceso de ejecución

Dentro del segmento de fincas urbanas, las viviendas concentraron 4.607 ejecuciones. Este subconjunto experimentó una disminución del 1,1% respecto al trimestre previo, aunque marcó un avance del 34,5% si se observa la comparación anual. Del total de procedimientos sobre viviendas, 3.953 recayeron en inmuebles de personas físicas, lo que refleja una reducción trimestral del 3,8%, pero un crecimiento del 35,8% en relación al primer trimestre del año anterior.

La estadística oficial también distingue las ejecuciones sobre viviendas de personas jurídicas. Este grupo, que alcanzó 654 casos, mostró un aumento del 19,6% en la comparación trimestral y del 27% en la anual. Por su parte, las ejecuciones sobre solares urbanos experimentaron una reducción tanto trimestral como interanual: un 6,6% menos respecto al trimestre anterior y un 28,7% menos frente al año anterior, quedando en 127 procedimientos.

Andalucía, Cataluña y Valencia, a la cabeza en ejecuciones hipotecarias

Durante el primer trimestre del año, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana se situaron como las comunidades autónomas con mayor número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre la totalidad de fincas. En este periodo, Andalucía encabezó la lista con 1.813 procedimientos, seguida de Cataluña con 1.157 y la Comunidad Valenciana con 920, según los datos publicados por el INE.

Si se analiza exclusivamente el segmento de viviendas, la distribución se mantiene similar: Andalucía registró 1.226 ejecuciones sobre viviendas, mientras que Cataluña contabilizó 906 y la Comunidad Valenciana 657. Estos territorios concentran una parte significativa de la actividad, reflejando la presión que atraviesan los hogares y el mercado inmobiliario en estas regiones. Por el contrario, las cifras más bajas se observaron en La Rioja (24), Navarra (29) y Cantabria (29), lo que pone de manifiesto la desigualdad regional en cuanto a la incidencia de este fenómeno.

Qué diferencia una ejecución de un desahucio

La ejecución hipotecaria es un procedimiento judicial que inicia una entidad financiera cuando el titular de una hipoteca deja de pagar el préstamo. A través de este proceso, el inmueble hipotecado se pone a la venta en subasta pública para saldar la deuda pendiente. No siempre implica el desalojo inmediato del propietario, ya que pueden darse acuerdos o entregas voluntarias antes del lanzamiento.

El desahucio es el acto judicial que ordena el desalojo físico de los ocupantes de una vivienda, mientras que el embargo consiste en la retención de bienes para asegurar el pago de una deuda. La evolución de una ejecución hipotecaria queda registrada en el Registro de la Propiedad, donde se anotan cada etapa y las resoluciones judiciales vinculadas al procedimiento.