Siete exmonjas de Belorado a juicio por abandono y maltrato de cinco religiosas ancianas: “No estaban siendo atendidas adecuadamente”

Ocho exmonjas de Belorado se enfrentan a un procedimiento judicial por presuntos delitos relacionados con el trato dado a cinco religiosas de avanzada edad, de entre 87 y 101 años, una de las cuales ha fallecido. Las ancianas tuvieron que ser rescatadas el pasado diciembre por la Guardia Civil del monasterio de Orduña (Bizkaia). La jueza ha acordado la apertura de juicio oral contra siete de las investigadas y el sobreseimiento provisional de la octava religiosa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha dado por concluida la fase de instrucción y ha acordado continuar el procedimiento contra siete de las investigadas. A estas se les atribuyen presuntos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante y contra la integridad moral, además de posibles delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida.

En el mismo auto, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de una octava investigada, al no quedar acreditado que “haya participado de manera activa en los hechos objeto de las presentes actuaciones”. Esta decisión supone su salida del procedimiento, al menos en esta fase, a la espera de la evolución del caso respecto al resto de investigadas.

Indicios de desatención en el monasterio

La resolución judicial recoge diversos informes que apuntan a deficiencias en las condiciones de vida dentro del monasterio. En ellos se describe “una falta de higiene extendida por todo el monasterio” y se indica que las religiosas de mayor edad “no estaban siendo atendidas adecuadamente”, pese a su situación de dependencia.

A partir de estos elementos, la jueza sostiene que podría haberse producido “un incumplimiento del deber de cuidado” por parte de quienes tenían encomendada la atención de las residentes, al encontrarse estas “bajo su custodia” y en un estado de especial vulnerabilidad. En este sentido, el auto añade que de los hechos se desprende la posibilidad de un trato “humillante, menoscabando su dignidad”.

Las cinco monjas afectadas, de entre 87 y 101 años, habrían permanecido en estas condiciones hasta su intervención por parte de la Guardia Civil en diciembre, cuando fueron evacuadas del monasterio en el marco de la investigación judicial.

Mala gestión económica y una muerte bajo análisis

Además del posible maltrato, el auto también examina la gestión económica del convento. Según la documentación bancaria incorporada a la causa, “las cuentas de las monjas mayores han sido usadas por las investigadas en su propio beneficio y para la gestión de sus negocios con abuso en la administración de los mismos”.

La resolución añade que no consta que los fondos de las cuentas propias de las investigadas se destinaran al sustento de la comunidad religiosa, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular de los recursos económicos.

La magistrada subraya igualmente que esta gestión no habría sido conocida ni consentida por las religiosas afectadas, ya que estas presentaban, según los informes forenses, una “merma de sus facultades y dificultad de comprensión de las cuestiones económicas”, lo que habría limitado su capacidad de decisión y control sobre sus finanzas.

El auto también se detiene en el fallecimiento de una de las monjas semanas después de abandonar el monasterio de Orduña. En este punto, la jueza señala que el hecho “podría haber dado lugar a la incoación de diligencias ante indicios de homicidio por imprudencia”, aunque finalmente no se abrió esa línea de investigación al apreciar la existencia de “concausas preexistentes” que impiden determinar de forma suficiente la relación causal.

Próximos pasos del procedimiento

Con la fase de instrucción ya cerrada, la magistrada ha ordenado dar traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que decidan si solicitan la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. De forma excepcional, también podrán pedir la práctica de diligencias complementarias antes de esa decisión.

El procedimiento entra así en una fase decisiva, en la que las partes deberán concretar sus escritos de acusación o, en su caso, solicitar el sobreseimiento. Asimismo, el auto no es firme, por lo que cabe recurso de reforma ante el propio juzgado o de apelación ante la Audiencia de Bizkaia, lo que deja todavía abierta la evolución procesal del caso.