
El Tribunal Supremo ha rechazado, por el momento, conceder al PSOE la licencia necesaria para querellarse por injurias y calumnias contra el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama a raíz de las declaraciones realizadas por este último durante el juicio del ‘caso Koldo’. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha dictado una providencia en la que señala que “no ha lugar” a pronunciarse sobre la petición mientras la causa continúe pendiente de deliberación y fallo.
La decisión ha sido adoptada este martes por los magistrados encargados del procedimiento, que también han rechazado entrar a valorar otras solicitudes similares planteadas por un grupo de empresas vinculadas al mismo proceso. Según recoge la resolución, la causa sobre la que se pide autorización todavía no ha sido resuelta judicialmente y permanece a la espera de sentencia, circunstancia que impide, por ahora, abrir la vía para nuevas acciones penales derivadas de las manifestaciones efectuadas en el juicio.
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El movimiento del PSOE se produce después de que Víctor de Aldama realizara durante la vista oral una serie de acusaciones que los socialistas consideran “gravísimas” y carentes de sustento probatorio. El partido sostiene que el empresario ha desarrollado una “campaña difamadora” durante más de un año y medio y que sus declaraciones han dañado tanto la imagen de la organización como la de varios miembros del Ejecutivo y de la dirección socialista.
El precedente de la fase de instrucción
No es la primera vez que el PSOE intenta emprender acciones judiciales contra Aldama por este motivo. Durante la fase de instrucción del ‘caso Koldo’, la formación ya solicitó la denominada licencia preceptiva, un requisito necesario cuando las manifestaciones que motivan la querella se han producido en el marco de un procedimiento judicial todavía abierto.
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En aquella ocasión, el magistrado instructor rechazó conceder el permiso al entender que una querella paralela por injurias o calumnias podía generar “disfunciones procesales” mientras la investigación principal seguía en marcha. Ahora, una vez concluido el juicio oral, el PSOE ha vuelto a dirigirse al Supremo para reactivar esa vía judicial, argumentando que el escenario procesal ya es distinto y que procede defender el honor del partido ante lo que considera acusaciones falsas.
Sin embargo, la Sala Segunda ha optado por mantener la cautela hasta que exista una resolución definitiva sobre el procedimiento principal. La providencia subraya que la causa sigue pendiente de deliberación y sentencia, por lo que el tribunal entiende que aún no corresponde decidir sobre las peticiones de licencia formuladas tanto por el PSOE como por otras entidades.
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El ‘caso Koldo’ investiga un presunto amaño de contratos públicos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia a cambio de comisiones. Entre los acusados figuran el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Víctor de Aldama, señalado como una de las figuras centrales de la trama empresarial bajo sospecha.
Durante el juicio, Aldama reconoció el pago de mordidas relacionadas con operaciones investigadas y aseguró que esas comisiones habrían beneficiado al PSOE. Esas afirmaciones provocaron una reacción inmediata de los socialistas, que consideran que el empresario actuó de forma “deliberada y consciente” para perjudicar la reputación del partido.
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Las acusaciones vertidas en el juicio
En el escrito remitido al Supremo, el PSOE sostiene que Aldama lanzó “falsedades evidentes” durante su declaración sin aportar “una sola prueba” que respaldara sus acusaciones. La formación liderada por Pedro Sánchez considera especialmente grave que dichas afirmaciones se produjeran en sede judicial y con una elevada repercusión mediática.
Los socialistas entienden que el empresario ha intentado vincular de forma directa al partido con supuestos cobros irregulares en el contexto del ‘caso Koldo’ y sostienen que esas manifestaciones afectan de manera grave al honor de dirigentes del Gobierno y de la propia organización política.
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La estrategia jurídica del PSOE pasa por impulsar una querella por injurias y calumnias una vez obtenga la autorización judicial necesaria. La legislación prevé este mecanismo de control cuando las expresiones cuestionadas han sido realizadas dentro de un procedimiento judicial, precisamente para evitar interferencias con la causa principal y preservar el desarrollo del proceso.
La providencia conocida este martes no cierra definitivamente la puerta a la querella planteada por el PSOE, pero aplaza cualquier decisión hasta que el tribunal dicte sentencia sobre el ‘caso Koldo’. Será entonces cuando la Sala Segunda pueda volver a pronunciarse sobre si concede o no la licencia solicitada por el partido y por el resto de demandantes.
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