Detrás de cada juicio en el que alguien no puede pagar su defensa, hay un abogado de oficio garantizando que la justicia sea realmente igual para todos. Son los profesionales que, día a día, asumen la tarea de representar a quienes no tienen recursos, interviniendo en casos penales, civiles o laborales con la misma responsabilidad que en un despacho privado. Su labor sostiene uno de los principios básicos del Estado de derecho: el acceso universal a la justicia.
El pago de estos servicios funciona de forma diferente a los del ejercicio habitual del derecho y los honorarios de los abogados varían según el tipo de actuación realizada y el tiempo de disponibilidad exigido. Según explicó el letrado Arsenio Martínez en un video publicado en el perfil de TikTok de su despacho (@millennialsabogados), estos profesionales reciben una compensación por su disponibilidad, además de montos específicos por cada intervención en distintos procedimientos judiciales.
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Martínez, quien se encontraba de guardia en un caso de violencia de género enfocado en la asistencia a las víctimas, recordó que “estas siempre tienen derecho, independientemente de sus ingresos, a justicia gratuita”. De este modo, las víctimas pueden acceder a defensa jurídica sin considerar su situación económica.
Honorarios por asunto
Respecto a las retribuciones, el abogado expuso: “por el simple y mero hecho de estar de guardia, es decir, 24 horas de asistencia telefónica, por ejemplo, a mí anoche me llamaron a las doce, se cobran aproximadamente unos 70 euros por la disponibilidad telefónica”. Este importe corresponde exclusivamente a la presencia permanente requerida para responder a urgencias legales a lo largo del día.
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El monto se incrementa cuando el letrado debe intervenir activamente en procedimientos judiciales. Martínez detalló que “si se llega a una conformidad y se hace un juicio rápido, este va a oscilar entre 220 y 230”. En ocasiones, el caso de violencia de género puede derivar en procesos de divorcio o establecimiento de medidas paternofiliales, y en esa situación, “se va a cobrar aproximadamente entre 250 y 270 euros”.

Por otra parte, si el delito es considerado de menor gravedad y la causa se transforma en un juicio por delitos leves, la retribución también varía: “en este caso se van a cobrar alrededor de unos 70, 80 euros por un juicio por delitos leves”.
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Cuantías variables según caso y territorio
Finalmente, el abogado apuntó que la cuantía puede modificarse por otras actuaciones adicionales requeridas, como presentar recursos de apelación o asistir a comparecencias relacionadas con órdenes de protección, aunque advirtió que “eso ya son otros términos que dan para otro vídeo”.
Además, el socio fundador del despacho Arce&Martinez Millennials Abogados, radicado en la Región de Murcia, recuerda en la descripción de su video que estos honararios varían también según la comunidad autónoma en la que desempeñe su actividad el abogado. Cada territorio gestiona sus propios baremos y presupuestos para retribuir el servicio, lo que genera diferencias notables en la compensación económica y en la carga de trabajo. Comunidades con mayor financiación pueden ofrecer mejores recursos y tiempos de respuesta, mientras que otras operan con medios más limitados.
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