La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del RCD Espanyol, acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en 2024. Asimismo, le reclaman una indemnización de 65.000 euros para la víctima por el daño moral y las secuelas psicológicas, según el escrito de acusación al que ha accedido EFE.
La denuncia de la víctima señala que Aguado, de 28 años, agredió a la mujer la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de la discoteca Opium, pese a que ella, en estado de shock, le pidió que se detuviera y manifestó que no quería mantener relaciones sexuales. El exfutbolista llegó hasta el club junto a otros miembros del RCD Espanyol tras la victoria que les brindó el ascenso del equipo a Primera División. La plantilla y el cuerpo técnico celebraron sobre el césped y en los vestuarios, y posteriormente continuaron la fiesta en ese local del paseo marítimo, donde se reunieron jugadores, trabajadores y miembros del club. En ese momento decidieron entrar a la discoteca donde ocurrieron los hechos.
Álvaro Aguado niega la agresión
El pasado mes de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a Aguado tras detectar indicios de un presunto delito de agresión sexual con penetración. El exfutbolista respondió a las preguntas de la magistrada, su defensa y la Fiscalía, pero rechazó responder a la acusación particular. Según el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, la jueza considera como indicios la declaración de la víctima, quien ha mantenido su versión inicial ante la policía. Asimismo, el informe forense y las declaraciones de testigos corroboran los momentos previos y posteriores al acto.
Entre las pruebas también se barajan los mensajes enviados por Whatsapp y el estado anímico de la víctima tras los hechos. Por su parte, Aguado admitió haber mantenido relaciones sexuales con penetración con la denunciante, aunque sostiene que fueron consentidas. También explicó que conoció a la mujer esa misma noche. La investigación comenzó después de que la trabajadora del Espanyol presentara la denuncia meses más tarde, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de los Mossos d’Esquadra y la intervención directa del juzgado. El acusado afirmó que el club no activó el protocolo interno frente a casos de acoso o violencia sexual, por lo que se enteró de la denuncia cuando el club se lo comunicó.
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