El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de reforma de la Constitución que incluirá en la Carta Magna el derecho al aborto. La iniciativa de los ministerios de Justicia y Sanidad se aprueba tras el aval del Consejo de Estado, pero necesitará el apoyo del PP para salir adelante. “Reconocemos el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, a interrumpir voluntariamente su embarazo”, ha valorado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha anunciado la medida en rueda de prensa.
En concreto, el Gobierno propone ampliar el artículo 43, con un nuevo punto que inste a los poderes públicos a garantizar "el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.
Con esta reforma, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. “Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional”, ha expresado Redondo. Para la ministra, la prestación del aborto en la sanidad pública “está en riesgo” y así lo demuestran los datos: en 2024, tan solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizaron en centros públicos.
“No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí está en riesgo su ejercicio liberal y efectivo en el territorio nacional”, ha aseverado Redondo.
La reforma queda en manos del Congreso
El proyecto de reforma debe seguir ahora los cauces marcados por el artículo 167 de la Constitución y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, unos apoyos difíciles de conseguir para este Gobierno y que requerirían el respaldo del Partido Popular (PP), formación que ha mostrado su negativa a la reforma en todo momento.
En caso de desacuerdo parlamentario, sería necesario crear una Comisión Mixta Congreso-Senado, que propondría un nuevo texto que volvería de nuevo a la Cámara Baja. De no lograrse, el texto podría aprobarse por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Ni en este escenario salen las cuentas: el Gobierno necesitaría el apoyo de 234 diputados, número inalcanzable sin el apoyo de los populares, que también ostentan la mayoría en la Cámara Alta.
En cualquier caso, la reforma no plantea el aborto como derecho fundamental. El objetivo del Gobierno es incluir la IVE en el artículo 43.4, que se encuentra en el Capítulo III del Título II de la Constitución. El aborto se enmarcaría como principio rector de la política social y económica, no como derecho fundamental. En declaraciones a Infobae, el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías aseveró que el cambio “no serviría de nada”, pues “no impediría que, en un futuro, otro partido quitase el aborto” de la Carta Magna. “Lo único que hace es que aparezca la palabra ‘aborto’ en la Constitución”, pero “no implica que una ley que rebaje las condiciones del aborto actual sea automáticamente inconstitucional”, expresó.
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