Los ministros de Economía y Finanzas de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado a la Comisión Europea el diseño urgente de un nuevo impuesto coordinado para gravar los beneficios inesperados del sector energético, en respuesta al encarecimiento del petróleo motivado por el conflicto en Oriente Próximo y la crisis con Irán.
En una carta firmada el 3 de abril y dirigida a Wopke Hoekstra, comisario de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, los responsables de los cinco países plantean la necesidad de un marco legal comunitario que evite que el peso de la crisis energética recaiga únicamente sobre los consumidores y los presupuestos públicos. Según los firmantes, la situación actual exige una intervención europea inmediata para corregir las distorsiones de mercado generadas por la volatilidad geopolítica.
El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, su homologo italiano Giancarlo Giorgetti, Joaquim Miranda Sarmento (ministro de Estado y Finanzas de Portugal), Lars Klingbeil (ministro de Finanzas de Alemania) y Markus Marterbauer (ministro de Finanzas de Austria), argumentan que el nuevo tributo permitiría financiar medidas para aliviar el encarecimiento de la energía y contener la inflación, sin deteriorar los saldos fiscales nacionales. La solicitud surge tras varias conversaciones del Eurogrupo en las que se discutió el desafío de mantener la estabilidad presupuestaria frente a los actuales límites de gasto.
En la misiva, los ministros enfatizan la importancia de un mensaje político claro ante la ciudadanía europea y los mercados. “Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar acción”, señala la carta.
Una escalada de precios que recuerda a la guerra en Ucrania
La propuesta de los cinco Estados miembros se apoya en el precedente de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución temporal de solidaridad a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El Reglamento (UE) 2022/1854, activado tras la escalada de precios que sucedió al estallido del conflicto, estableció un gravamen del 33% sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que superaran en más de un 20% la media de los cuatro años anteriores.
La iniciativa surge en un contexto de escalada de los precios internacionales del crudo, impulsados por la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo y las restricciones en el suministro mundial. Ante el impacto de la escalada bélica el Gobierno de España ya ha aprobado un paquete de medidas urgentes que contempla, entre otras, la reducción del IVA de los combustibles del 21% al 10% y un ajuste a la baja en el impuesto especial sobre hidrocarburos, con el fin de aliviar el encarecimiento de los precios energéticos.
El Gobierno calcula que la aplicación de este conjunto de acciones, que contempla un total de 80 iniciativas para paliar los efectos de la crisis global y salió adelante gracias a los votos favorables del PSOE, sus socios del Gobierno, incluido Junts, y la abstención del PP, tendrá un coste total de 5.000 millones de euros.
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