Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

El Consejo de Ministros aprobó un paquete de leyes con prórrogas y topes a las subidas de la renta que no cuenta, por el momento, con los votos necesarios para ser aprobado en la Cámara Baja

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Un cartel de un piso en alquiler. (EUROPA PRESS)
Un cartel de un piso en alquiler. (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de marzo un paquete de medidas en materia de vivienda para hacer frente a los efectos de la crisis económica provocada por el conflicto en Oriente Medio. El real decreto, impulsado por Sumar, incluye la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y la limitación de subidas al 2% del IPC para evitar efectos indeseados si escala la inflación.

Además, este real decreto, publicado en el BOE el 21 de marzo, incluye un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas. Según destacó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estas medidas “amplían el escudo social y la protección a los trabajadores y trabajadoras”.

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La medida entró el vigor el 22 de marzo y cubrirá los contratos que finalicen desde ese día hasta el próximo 31 de diciembre de 2027. Los inquilinos que quieran aprovechar esta ampliación deberás solicitarla a su casero en los próximos días, puesto que, por el momento, la ley no cuenta con los apoyos suficientes para pasar la votación del Congreso, prevista para el 6 de abril.

Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.

Cómo solicitar la prórroga

Si se aprueba la prórroga, podrán beneficiarse 632.369 hogares que firmaron contrato en 2021 y otros 405.234 que lo hicieron en 2022, en total, 2.687.392 personas (1.037.603 contratos), según datos del Panel de Hogares desarrollado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

Antes de la aprobación de esta medida del Gobierno, los arrendadores con contratos caducados podían establecer nuevas rentas, con subidas por encima del 2% del IPC que ha propuesto el Ejecutivo. En esta ocasión, los contratos, finalizados o no, deberán contemplar subidas del 2%.

Para solicitar la ampliación de contrato, el inquilino debe cumplir indispensablemente con un requisito recogido en la publicación del BOE: finalizar el contrato entre el periodo de la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2027. Así, no es necesario llegar a un acuerdo entre arrendador y arrendatario, sino que bastará con que el inquilino solicite la prórroga al arrendador por escrito y con comprobante de entrega para prorrogar el contrato un año, manteniendo las mismas condiciones.

Además, cuando se trate de un gran tenedor (más de diez viviendas), el límite del 2% se aplicará en todo caso, exista o no acuerdo entre las dos partes. Esto hace referencias a las subidas anuales del alquiler, acordes al IPC, que esta vez se toparán en ese 2% para todas las actualizaciones de contratos.

Imagen en una pantalla de ordenador de la orden emitida por el BOE, que aprobó en 2013 el Modelo 720, de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. (Cézaro De Luca - Europa Press)
Imagen en una pantalla de ordenador de la orden emitida por el BOE, que aprobó en 2013 el Modelo 720, de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. (Cézaro De Luca - Europa Press)

Qué comunidades se verán más beneficiadas

Según los datos recogidos por la Agencia Tributaria, en 2026 finalizan un total de 632.369 contratos firmados en 2021 en España, de los que 145.881 corresponden a Madrid, 112.728 a Cataluña, 85.491 a Andalucía y 62.523 a la Comunidad Valenciana, seguidas de lejos por el resto de comunidades autónomas. En total para España esto implica el futuro habitacional de 1.637.836 personas.

Además, al contemplar el real decreto los contratos que finalizan hasta el 31 de diciembre de 2027, esto afectaría a la prórroga de otros 405.234 contratos firmados en toda España en 2022 y que finalizarían durante 2027. En este caso, 79.080 contratos corresponden a la Comunidad de Madrid, 65.105 a Cataluña, 58.525 a Andalucía, 45563 a la Comunidad Valenciana y el resto se reparten entre las distintas comunidades. En total, serían 1.049.556 las personas afectadas por la prórroga de 2027.