
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha cargado este jueves contra los anuncios de espacios inhabitables en portales inmobiliarios, pero ha dejado en manos de los usuarios una de las principales vías para actuar contra este tipo de ofertas: denunciarlas. En una entrevista en El món, de RAC1, la dirigente socialista ha asegurado que “un cuarto de escobas, un trastero o un cuarto de baño no es una vivienda”, al ser preguntada por anuncios de literas junto a un baño, trasteros sin ventilación o pisos de dimensiones mínimas.
Ante la pregunta del periodista catalán Jordi Basté sobre si este tipo de ofertas son legales, Rodríguez ha respondido de forma tajante: “No. No lo son y aquí tienen que activarse todas las alarmas”. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo pueden eliminarse esos anuncios, la ministra apeló directamente a la actuación de los ciudadanos: “Hay que denunciar cada uno de estos anuncios”.
Durante parte de la entrevista, Rodríguez ha puesto el foco en los portales inmobiliarios que alojan este tipo de publicaciones. A su juicio, las plataformas “dicen ser solo servidores de servicios publicitarios, pero que generan una gran indefensión a la ciudadanía”.
La titular de Vivienda vinculó esta situación a la futura transposición de la Ley de Servicios Digitales y sostuvo que esa norma permitiría al Gobierno “actuar con más contundencia con las plataformas”. También ha insistido en que hacen falta más mecanismos para intervenir sobre este tipo de contenidos y ha reclamado respaldo parlamentario para sacar adelante nuevas herramientas legales.
Aun así, el mensaje más concreto que ha trasladado a los oyentes ha sido el de acudir a la denuncia. “Yo animo a la ciudadanía a denunciar estos hechos”, ha afirmado, antes de recordar que el ministerio dispone del teléfono 047 para canalizar consultas y avisos.
Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de 'problema estructural'. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las exigencias del colectivo: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.
“El agujero negro” del mercado: los alquileres de temporada
Más allá de los anuncios de alojamientos indignos, la ministra ha situado otro de los problemas del mercado en el alquiler de temporada. “El agujero negro por donde se nos está escapando la especulación en estos momentos en el ámbito del alquiler es precisamente el de temporada”, ha asegurado.
Rodríguez ha subrayado que una parte del problema de acceso a la vivienda se está desplazando hacia fórmulas distintas al arrendamiento habitual, como el alquiler temporal, por habitaciones o el uso turístico. En ese punto, ha defendido que el Ejecutivo busca “regular y perseguir ese fraude” y ha pedido de nuevo a los grupos políticos que apoyen en el Congreso las normas pendientes en esta materia.
Defensa de la regulación en Cataluña
La ministra también ha salido en defensa de la regulación del alquiler en Cataluña, después de que se le planteara que topar precios puede reducir la oferta. “Bueno, esta es una de las grandes malversaciones del dato, diría yo”, respondió.
La ministra también ha salido en defensa de la regulación del alquiler en Cataluña después de que, durante la entrevista, se le planteara una de las críticas habituales contra este tipo de medidas: que limitar los precios acaba reduciendo la oferta disponible. Rodríguez ha rechazado ese argumento y ha respondido con dureza: “Bueno, esta es una de las grandes malversaciones del dato, diría yo”.
Asimismo, Rodríguez ha asegurado que Cataluña, la primera comunidad que está aplicando la Ley de Vivienda, “tiene 25.000 contratos (de alquiler) más que el día que entró en vigor la zona de mercado tensionado”. Aunque ha admitido que la medida “no es la panacea”, asegura que con esa medida el Gobierno ha “conseguido ponerle un torniquete a la subida de precios”.
Desahucios, okupación y más vivienda pública
Por otra parte, la ministra ha rechazado identificar con la okupación los casos de familias vulnerables que no pueden seguir pagando el alquiler y ha insistido en que la vivienda pública es una de las principales salidas a la crisis habitacional. “No podemos echar a la gente de sus casas, no podemos quedarnos sin ciudades y sin barrios”, ha afirmado.
Rodríguez ha querido desmarcarse de quienes consideran que este tipo de supuestos son “un caso de okupación”, alegando que se trata de “un drama de una familia que sufre y de un Estado y unas administraciones que tenemos que estar para darles respuesta”. Una respuesta que dejó sin concretar después de que Jordi Basté recordara que unas 70.000 familias vulnerables podrían ser desalojadas de sus casas si no sale adelante la moratoria antidesahucios.
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