El Supremo investigará por quinta vez a Alvise Pérez por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras

El Tribunal Supremo ha acordado la apertura de una nueva causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, al apreciar indicios de un posible delito de amenazas condicionales contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La decisión, adoptada por la Sala de lo Penal en un auto fechado el 10 de marzo de 2026, responde a la querella presentada por el regidor, quien denunció haber sido objeto de presiones vinculadas a la difusión de información comprometedora.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso Infobae, la querella fue registrada el 6 de febrero de 2026 y atribuye al dirigente político la presunta comisión de un delito de amenazas condicionales y, de forma subsidiaria, un delito de coacciones. La Sala ha considerado que concurren indicios suficientes para admitir a trámite la querella e iniciar el procedimiento, sin prejuzgar el fondo del asunto.

El núcleo de la investigación se centra en una serie de publicaciones realizadas en un canal público de Telegram gestionado por el propio Alvise. De acuerdo con la documentación aportada por el querellante, el eurodiputado habría anunciado la posible difusión de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al alcalde comportamientos presuntamente delictivos o deshonrosos.

La Sala subraya que estos anuncios estaban condicionados a la dimisión de Landaluce como alcalde, lo que constituye un elemento clave para encajar los hechos, de manera provisional, en el delito de amenazas condicionales previsto en el artículo 169.1 del Código Penal. En concreto, los magistrados destacan que la estructura del mensaje —la vinculación explícita entre la no publicación del material y la renuncia al cargo— permite apreciar la existencia de un “mal futuro” cuya ejecución depende de la voluntad del autor .

El auto incide en que, en esta fase inicial, basta con que las expresiones sean idóneas para generar inquietud o zozobra en la víctima, sin necesidad de que se haya producido un daño efectivo. Asimismo, recuerda que este tipo de delito se consuma en el momento en que la amenaza llega a conocimiento del destinatario, siempre que revista apariencia de seriedad.

En cambio, la Sala descarta por el momento que los hechos puedan calificarse como coacciones, al no apreciar una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación del denunciante con la intensidad exigida por la ley. No obstante, deja abierta la posibilidad de que la calificación jurídica pueda revisarse a medida que avance la instrucción.

Competencia del Supremo

El Tribunal Supremo asume la competencia para investigar estos hechos debido a la condición de eurodiputado del querellado, que le otorga la condición de aforado. Tal y como recoge el auto, esta circunstancia obliga a que cualquier causa penal contra él sea instruida por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el marco jurídico europeo.

En su resolución, los magistrados recalcan que la apertura de la causa responde a la existencia de “indicios cualificados y suficientes”, un estándar reforzado que exige algo más que meras sospechas cuando se trata de investigar a personas aforadas. En este caso, la documentación aportada —incluidas capturas de pantalla y certificaciones electrónicas de las publicaciones— ha sido considerada suficiente para superar ese umbral inicial.

La Sala ha acordado, además, designar como instructor de la causa al magistrado Antonio del Moral García, quien se encargará de dirigir la investigación y practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Esta nueva causa se suma a otras cuatro que ya están siendo investigadas por el Tribunal Supremo contra el líder de la formación Se Acabó La Fiesta (SALF). Entre ellas figuran supuestos delitos relacionados con la financiación de su campaña electoral para las elecciones europeas —en concreto, la presunta recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario vinculado al ámbito de las criptomonedas—, la difusión de una prueba falsa de Covid atribuida al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y amenazas en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Asimismo, el eurodiputado está siendo investigado por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso en relación con dos antiguos compañeros de candidatura, Diego Solier y Nora Junco, que abandonaron posteriormente la formación política.

Pese a que el Supremo ya ha tomado declaración a Alvise como investigado en estas causas, el avance de las investigaciones está condicionado por su inmunidad parlamentaria como eurodiputado. Para continuar con el procedimiento y, en su caso, adoptar medidas cautelares, es necesario que el Parlamento Europeo apruebe el suplicatorio solicitado por la justicia española, un trámite que ya se encuentra en marcha pero que aún no ha sido resuelto.