El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez ha solicitado al Parlamento Europeo que retire la inmunidad al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, para poder continuar la investigación abierta contra él por presuntos delitos de financiación ilegal de su formación política, Se Acabó la Fiesta (SALF), y de delito electoral. El suplicatorio se dirigirá al presidente del Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala Penal del Supremo y de la presidenta del alto tribunal.
Según el auto, al que ha tenido acceso Infobae España, la causa está relacionada con la supuesta recepción de 100.000 euros en efectivo procedentes del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, también investigado para la financiación de su partido. Como apunta el magistrado en el auto que se ha dictado este martes, los hechos se remontan a una reunión previa a las elecciones del Parlamento Europeo de 2023. Ambos mantuvieron una cita en la que, según la investigación, Alvise habría solicitado dinero para financiar su partido político de forma no declarada, sin incluirlo en la contabilidad oficial ni reflejarlo en documento alguno.
A cambio, Romillo habría pedido a Pérez influencias y contactos derivados de su futura actividad como eurodiputado. Ambos habrían pactado que el dinero sería entregado por un tercero, un comisionado del empresario, que llevó en una mochila. El auto indica que el contenido de la mochila eran billetes de distintas clases, y que Pérez reconoció haberla recibido y guardado en su casa, gastando posteriormente alrededor de la mitad en actividades relacionadas con su partido, como viajes y comidas.
Durante su declaración ante el juez, Alvise Pérez aseguró que los 100.000 euros correspondían al pago por una conferencia impartida en el hipódromo de Madrid ante un grupo de posibles simpatizantes. El magistrado considera esta versión “poco verosímil”, dado el elevado importe para una intervención breve y sin documentación que la respalde.
La causa está suspendida hasta que el Parlamento levante su inmunidad
El juez destaca que los indicios procedentes del teléfono móvil de Romillo, analizados por la policía judicial, muestran conversaciones y mensajes que apuntan a una financiación irregular. El auto subraya que el dinero no fue declarado ni contabilizado, y que se destinó a fines electorales, lo que podría alterar la transparencia y el equilibrio del proceso electoral.
Sánchez Melgar señala que los hechos podrían constituir delitos de financiación ilegal de partidos políticos, tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal, y de delito electoral, contemplado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. No obstante, al tratarse de un eurodiputado, el juez no puede continuar la instrucción sin el permiso del Parlamento Europeo, que debe decidir si levanta o no su inmunidad. Hasta que ese órgano se pronuncie, la causa queda suspendida, salvo para actuaciones urgentes que no afecten a los derechos del investigado.
Esta solicitud constituye el segundo suplicatorio que el Tribunal Supremo dirige a la Eurocámara respecto a Alvise Pérez. El primero se remitió en julio por otra causa, en la que se investigan presuntos delitos de acoso contra una fiscal delegada en Valencia. El magistrado aclara en su auto que los hechos investigados no guardan relación con las funciones parlamentarias de Pérez, sino que ocurrieron antes de su elección como eurodiputado.
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