La Policía Nacional de España ha liberado a ocho mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución, incluidas prácticas con menores de edad, en un chalet de Madrid alquilado por un matrimonio. La pareja, que llevaba explotando sexualmente a ciudadanas de procedencia latinoamericana en esta vivienda desde hacía 11 años, ha ingresado en prisión. Además, cuatro mujeres fueron detenidas por la policía.
La explotación sexual de estas mujeres habría generado más de dos millones de euros anuales, según han informado fuentes policiales. El inmueble, situado en la calle Marqués de Hoyos junto a Arturo Soria, continúa funcionando como prostíbulo debido a que sigue siendo alquilado, a pesar del operativo policial.
En el curso de la investigación, se comprobó que al menos 15 mujeres residían hacinadas en el sótano del chalet, dormían en literas y disponían de un único baño para todas. Este sótano, al que se accedía por una angosta escalera, carecía de ventilación adecuada: solo contaba con dos pequeños ventanucos protegidos con rejas, lo que impedía cualquier intento de huida, incluso en caso de incendio. El resto de plantas de la vivienda estaban destinadas a la atención de los clientes.
El matrimonio ganaba 6.000 euros en una mañana
La operación policial, denominada Socavón, permitió detectar que solo en una mañana las ganancias llegaban a 6.000 euros, mientras que durante cuatro días de vigilancia se registraron más de 600 movimientos de personas entrando y saliendo del chalet. Entre quienes acudían, los agentes confirmaron la presencia de menores, un hecho corroborado también por los testimonios de las víctimas.
Según los inspectores Víctor de las Heras y Tomás Santa María, de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía, citados por Efe, la organización de trata seguía el patrón habitual de este tipo de redes: captaban a mujeres vulnerables en sus países de origen, quienes llegaban a España con una deuda ya contraída por el pago del billete y del alojamiento.
Las mujeres obligadas a prostituirse eran sancionadas
La deuda aumentaba si incumplían las condiciones de un supuesto contrato de exclusividad, que se veían obligadas a firmar sin conocer su contenido. La organización, mediante carteles y pizarras, enumeraba las sanciones a las que se enfrentaban, como negarse a prostituirse con menores o sentarse sin ropa interior en los sofás.
Las víctimas no podían negarse a ninguna práctica sexual, debiendo atender solicitudes incluso fuera de la vivienda y transportar sustancias estupefacientes para los clientes que las habían solicitado. Otros mecanismos de control incluían un timbre-alarma que obligaba a las mujeres a presentarse de inmediato ante los clientes, interrumpiendo cualquier otra actividad, incluida la comida.
Servicios a la carta a través de una página web
La vigilancia digital era otra herramienta de la red de prostitución. Los responsables utilizaban una página web para publicar fotos de las mujeres, anunciar los servicios sexuales ofrecidos bajo coacción y concertar entrevistas. Las encargadas, dos mujeres con turnos de 12 horas que cubrían la mañana y la noche, atendían el teléfono, organizaban las citas, vendían drogas y cobraban por los servicios ofrecidos, ya fuese en efectivo, con tarjeta o aplicaciones digitales.
Las mujeres explotadas no solo estaban privadas de libertad, sino que también eran forzadas a mantener el orden y limpieza del chalet. En caso de no hacerlo según los parámetros exigidos, la organización imponía nuevas multas, ahondando así el vínculo de dependencia económica.
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