La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este martes de las consecuencias que podría sufrir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no implantar el registro de objetores de conciencia al aborto. La medida, prevista en la ley del aborto del año 2003, ha supuesto un punto de conflicto en el último año entre el Gobierno y la capital, que lo considera una “lista negra” para perseguir a los médicos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó al Gobierno madrileño iniciar “de inmediato” los trámites para la creación de dicho registro. La Comunidad de Madrid comunicó que recurrirá el fallo, que no entra en “el fondo” del asunto.
Este martes, durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la ministra Mónica García ha incidido en las posibles consecuencias de no acatar una orden judicial. “Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público”, ha señalado García.
Al hilo de los reproches, Mónica García ha respondido a las declaraciones públicas de Isabel Díaz Ayuso, quien había manifestado que su “empeño personal” era no aplicar el registro de objetores. Frente a esta postura, García ha recalcado su propia posición: “El empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres”, conminando así a la presidenta autonómica a someterse a la normativa vigente.
Sanidad revisará la implantación del registro de objetores
El registro de objetores al aborto busca garantizar que esta prestación sanitaria se pueda obtener en la asistencia pública. En los últimos años, este servicio se ha ofrecido principalmente en la sanidad privada, un obstáculo que se atribuye a la objeción de conciencia de los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de Salud. El objetivo del registro es permitir a las autonomías conocer cuántos de sus facultativos se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo para poder organizar mejor sus recursos humanos y asegurar que los centros públicos pueden realizar estos procedimientos.
Desde que en diciembre de 2024 el Ministerio de Sanidad aprobase un protocolo que marcaba cómo debía desarrollarse el registro de objetores, todas las comunidades autónomas han dado pasos para iniciar el trámite, a excepción de Madrid. Este martes, García ha anunciado que el ministerio enviará una misiva a todas las consejerías de salud para solicitar información detallada acerca de cómo gestionan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Según su explicación ante la Comisión de Sanidad, esta comunicación requerirá a los gobiernos regionales especificar “qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva”.
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