El exDAO de la Policía niega ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada: a la espera de que el audio de 40 minutos esclarezca los hechos

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha negado este martes ante el juez haber cometido una agresión sexual contra una subordinada, en una causa judicial en la que ambas partes han sostenido versiones diametralmente opuestas sobre lo ocurrido. Mientras el antiguo mando policial rechaza los hechos y atribuye la denuncia a intereses personales y profesionales de la querellante, la inspectora ha ratificado su relato en sede judicial en una declaración que su defensa califica de “dura y difícil”.

Las comparecencias han tenido lugar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8, cuyo titular, el magistrado David Maman Benchimol, ha tomado declaración a ambos durante cerca de cuatro horas. La investigación fue abierta el pasado 12 de febrero tras la admisión a trámite de la querella, al apreciar el instructor indicios que podrían ser constitutivos de delito, si bien la causa se encuentra en una fase inicial.

A la salida del juzgado, González ha insistido en su inocencia y ha denunciado el impacto personal que, a su juicio, ha tenido la acusación. “Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto”, ha declarado ante los medios. En la misma línea, ha asegurado que ya ha sido “juzgado y condenado sin ninguna prueba” y ha atribuido la querella a “maldad, ruindad y odio” por parte de la denunciante, vinculando la denuncia a supuestas “pretensiones profesionales y personales” no satisfechas.

Declaraciones enfrentadas

La inspectora, por su parte, ha mantenido íntegramente la versión que figura en la querella. Según su abogado, Jorge Piedrafita, la agente ha respondido a todas las preguntas formuladas durante su comparecencia y ha “acreditado todos los extremos” planteados con “veracidad”. El letrado ha descrito la declaración como especialmente exigente desde el punto de vista emocional.

En contraste, Piedrafita ha sido crítico con la actitud procesal del investigado, al que ha acusado de acogerse a su derecho a no responder a determinadas preguntas y de ofrecer respuestas que considera inconsistentes. “Ha estado errático, no ha contestado a cosas y creemos que se le ha pillado en muchas mentiras”, ha afirmado a la salida del juzgado.

Uno de los elementos centrales del procedimiento es un audio grabado por la denunciante durante los hechos que denuncia. Aunque su contenido no ha trascendido públicamente, ambas partes coinciden en señalar su relevancia. González ha subrayado que se trata de la “prueba principal” y ha expresado su confianza en que permita “esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante”. La acusación sostiene que en dicha grabación se evidencia un rechazo “verbal, expreso, rotundo y continuado” por parte de la agente, mientras que la defensa interpreta el contenido como una conversación que reflejaría reproches de carácter personal, sin oposición a una relación sexual.

Decisiones judiciales

Tras las declaraciones, la defensa de la denunciante solicitó la adopción de una orden de protección que incluyera la prohibición de comunicación del investigado con la supuesta víctima. Sin embargo, el magistrado ha rechazado esta medida. En un auto, al que ha tenido acceso El País, el juez argumenta que no aprecia riesgo actual para la denunciante, dado que no consta que el investigado haya intentado comunicarse o acercarse a ella desde el pasado mes de julio. Asimismo, subraya que González ya no ocupa el cargo de máxima responsabilidad policial, circunstancia que considera relevante a la hora de valorar la posible existencia de presión.

La Fiscalía también se ha opuesto a la adopción de dicha medida cautelar, alineándose con el criterio finalmente adoptado por el instructor.

Los hechos denunciados se remontan, según la querella, al 23 de abril de 2025. Ese día, siempre según el relato de la denunciante, el entonces DAO habría ordenado a la inspectora que acudiera a recogerle a un restaurante para trasladarle posteriormente a su domicilio oficial. Una vez allí, sostiene la acusación, el mando policial habría aprovechado su posición de superioridad para iniciar un acercamiento de carácter sexual que culminó en una agresión.

La defensa del investigado niega de forma categórica esta versión y sostiene que la relación entre ambos no se produjo en los términos descritos en la querella. Desde que trascendió la apertura de la causa, el pasado 17 de febrero, González presentó su dimisión como director adjunto operativo, alegando la necesidad de ejercer su derecho de defensa y preservar la imagen de la institución policial.