La empresa que dirige una exalcaldesa y que cuida la salud mental de los madrileños reduce plantilla, cierra servicios y baja salarios: “Precariza la atención”

La Comunidad de Madrid adjudicó en marzo de 2022 el último contrato para que empresas concertadas presten el servicio de atención social a “personas con enfermedad mental grave y duradera”. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales destinó entonces 60,2 millones para que centros y equipos privados apoyasen al ámbito sanitario y psiquiátrico a la hora de tratar esquizofrenias, trastornos bipolares, trastornos paranoides y otras psicosis, enfermedades que “sufren un conjunto de problemáticas y necesidades que desbordan el ámbito sanitario-psiquiátrico”. Ocho empresas suscribieron este acuerdo marco. Una de ellas fue la Fundación Manantial, que por 2,47 millones de euros al año gestiona 1.398 plazas concertadas.

La Fundación Manantial fue creada en julio de 1995, pero ese mismo marzo de 2022, cuando la Comunidad la incluyó en el acuerdo marco (que en realidad es la externalización de este servicio público de atención social), la Fundación fichó como directora general a Elena Biurrun, que llegó a ser alcaldesa de la localidad madrileña de Torrelodones entre 2011 y 2019 (con un partido independiente), y luego fue nombrada en 2020 directora de Gabinete del entonces ministro socialista de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá. Con Biurrun llegó también otra decisión, la de crear una SL, Manantial Gestión, una especie de extensión privada de la Fundación. “Desde ese momento, los objetivos se centraron en la viabilidad económica y se priorizaron los criterios financieros sobre la calidad de la atención o el derecho de los trabajadores. Hubo una precarización del servicio que expulsa a los profesionales”, señalan varios trabajadores a Infobae.

Una precarización que se materializa en dos aspectos: menos profesionales en plantilla y con sueldos más bajos. La plantilla de la Fundación (formada por 711 personas según la última memoria oficial de 2024) está compuesta, sobre todo, por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y terapeutas ocupacionales, que en ese 2024 trabajaban en seis CRPS (Centros de Rehabilitación Psicosocial), siete centros de día, nueve equipos de apoyo social comunitario (EASC) y varias residencias, pisos supervisados, y centros de rehabilitación social. Los sueldos nunca fueron “excepcionales”, explican los trabajadores, ya que en este tipo de trabajos “la empresa siempre juega la baza de que son profesiones vocacionales”, pero había ciertas diferencias.

Por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcorcón, propiedad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, pero gestionado desde el principio de este acuerdo marco por Manantial, el puesto de director está retribuido con 63.235 euros brutos anuales, mientras que los terapeutas y educadores se mueven en horquillas salariales que varían entre los 21.333 y los 29.104 euros. Estamos hablando de entre 1.400 y 1.700 euros mensuales. Los psicólogos perciben más: 36.400 euros. El problema es que Manantial perdió el año pasado la gestión de este centro, y de otro que está ubicado en Arganda del Rey, dos recursos que han pasado a ser gestionados por otra empresa la competencia, Grupo 5.

Nuevo convenio colectivo

Menos centros suponen menos ingresos. Además, en marzo de 2025 llegó la aprobación del nuevo Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, que fija una subida salarial del 10% y que los trabajadores denuncian que no lo han cobrado hasta el pasado mes enero, un año después de la entrada en vigor. “Nos dijeron que si queríamos cobrar esa subida salarial del 10% teníamos que renunciar a un complemento que perciben todos los trabajadores cuando cumplen su primer año de experiencia, que hace tiempo era del 10% y luego bajó al 9%. Es decir, que sí queríamos el 10% del nuevo convenio, debíamos renunciar a ese 9% que premia la experiencia, luego la mejora salarial se traducía en el 1%”, explican fuentes del sindicato CGT, que controla el comité de empresa.

Este convenio “supone un importante impacto económico que no está financiado en los contratos públicos vigentes con la Comunidad de Madrid”, argumenta un portavoz de Manantial. “La entidad no cuenta con tesorería suficiente para hacer frente a esta subida desde enero del 2025, por lo que se negoció con los comités de empresa el aplazamiento de la deuda. En julio de 2025, se firmó un acuerdo para la regularización de las nóminas y los atrasos”.

Para complicar más las cosas, la Comunidad de Madrid comunicó en diciembre de 2025 a las empresas que forman parte de este acuerdo marco que las condiciones no se actualizaran, es decir, se mantienen los precios correspondientes a 2022. Con estos precios, la Comunidad solo paga a las empresas que forman parte del servicio un máximo de 5.890 euros por plaza que atienda al año. Y eso que el IPC ha subido un 15,8% entre los años 2022 y 2025. “La subida salarial del 10% fijada en el convenio y el retraso de la negociación de los nuevos acuerdos marco por la Comunidad de Madrid que mantienen los precios de 2022, no permiten seguir manteniendo este plus retributivo. A pesar de la necesaria supresión de este plus, Manantial mantiene todas las medidas sociales del acuerdo de mejora, incluyendo la jornada laboral de 35 horas semanales. “Somos la única entidad que tiene esta mejora frente a las 38,5 horas que establece el convenio”, aclara este mismo portavoz.

Con las rebajas salariales que ofrece Manantial, los 310 trabajadores adscritos a la SL han impugnado el acuerdo que se quiere imponer unilateralmente. De ellos, 53 profesionales se han ido voluntariamente al verse modificadas sus condiciones laborales y han acudido a los tribunales. Los 53 trabajaban en Manantial Gestión. También se han ido seis empleados de Fundación Manantial y uno de Manantial Integra. “Durante el mes de enero de 2026 todas las vacantes han sido ya cubiertas, principalmente mediante la incorporación de profesionales de la propia entidad, en el marco de una política de promoción interna orientada al reconocimiento y desarrollo del talento interno, garantizando la normalidad del servicio que damos a las más de 3000 personas que atendemos en Manantial.

Hay más dificultades. Los siete equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) que prestaban servicio a domicilio (empezaron siendo nueve), han sido desmantelados. “Eran siete equipos con 28 trabajadores. Ahora solo quedan tres equipos con siete profesionales. El grupo empresarial Manantial renuncia a seguir gestionando los EASC aludiendo a motivos meramente económicos”. ¿Qué pasará con estos centros? Si los gestiona otra empresa la ley obliga a subrogar a los trabajadores que actualmente prestan el servicio. El pasado 19 de enero representantes de la plantilla se reunieron con el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso.

“Una plantilla cara”

“Nos dijeron que somos una plantilla muy cara, pero muy valiosa, por lo que seguramente estén dispuestas las nuevas empresas a contrataros”. Pero si es nueva contratación, no es subrogación, y estos trabajadores perderían los derechos adquiridos. El comité de empresa rechaza esta posición y sostiene que, cuando la Comunidad externaliza un servicio público esencial, tiene que seguir ejerciendo deberes de control, inspección, exigencia de mínimos y protección de la continuidad asistencial. “Fundación Manantial ha comunicado a la Comunidad de Madrid que no va a renovar los acuerdos marco para la gestión de los EASC al ser un servicio deficitario y no tener en este momento pulmón financiero para sostenerlo. El 30 de abril de 2026 Manantial Gestión finalizará la gestión y es la propia Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales quien designará la nueva entidad gestora de estos servicios. De los 28 profesionales de los EASC, 21 ya han sido reubicados en nuestros centros, programas y servicios. “Solo siete trabajadores están sin reubicar a fecha de hoy”, aseguran desde la fundación.

Mientras, las consecuencias las padecen los pacientes. “A día de hoy, solo quedan siete trabajadores en los equipos de atención domiciliaria, trabajadores que han tenido que asumir más carga de trabajo, mientras las personas atendidas van a sufrir dos y hasta tres cambios en algunos casos en el personal que les visita. Hablamos de población vulnerable donde el vínculo terapéutico es esencial para iniciar y llevar a cabo procesos. De hecho, por protocolo tras la fase inicial de acogida y la de intervención una vez cumplidos objetivos terapéuticos, se establece un periodo de seguimiento para no finalizar abruptamente el proceso, justo lo contrario que va a ocurrir”, se lamentan desde CGT.

Un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asegura que “garantizan y velan por la correcta atención de los usuarios con plaza pública atendidos por la Fundación Manantial, mediante el control del estricto cumplimiento de los contratos por esta entidad”. En cuanto a la relación laboral con sus empleados, “es exclusiva de los trabajadores con esta fundación. No obstante, la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, en el ejercicio de sus funciones de supervisión necesarias para asegurar la adecuada prestación del servicio, está haciendo un seguimiento del cumplimiento por parte de la entidad de sus obligaciones laborales, que forman parte de las condiciones de los contratos".

Mejoras laborales

A pesar del conflicto laboral provocado en este contexto, Fundación Manantial quiere recalcar que mantiene un conjunto de mejoras laborales que superan lo establecido en el convenio: “una política retributiva un 2% por encima de ese convenio, la jornada semana del 35 horas, amplias medidas de conciliación (flexibilidad horaria, ampliación de permisos por nacimiento y cuidado de menor, permisos adicionales retribuidos y no retribuidos, acumulación de lactancia...), mejora en horas de formación (30 horas anuales), día adicional de vacaciones por cada cinco años de antigüedad, servicio de alimentación gratuito para los profesionales que alargan su jornada laboral por la tarde, y ampliación del plus de nocturnidad en dos horas adicionales sobre lo establecido en convenio”.