
A principios de semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenaba a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha inmediata de los procesos para crear el registro de objetores de conciencia para el aborto, en cumplimiento de la ley estatal aprobada en 2023 y ratificada en el Consejo Interterritorial de diciembre de 2024. Pese a la resolución judicial, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá la decisión y mantiene su rechazo frontal al registro. “Es un empeño de la presidenta. Intentan ridiculizarla con que alguien se lo dice por el pinganillo, pero no es cierto. Su posición es clara desde el primer día y lo ha impuesto a todo su equipo. Ni una duda”, han dicho desde Sol.
El Gobierno de Ayuso considera que el registro es una “lista negra”
Ayuso se desmarca así de la postura adoptada por el resto de gobiernos autonómicos del Partido Popular, que han optado por acatar la normativa sin abrir un conflicto con el Ministerio de Sanidad. La presidenta ya avivó la polémica en octubre de 2025 con su declaración en la Asamblea regional: “Pues váyanse a otro lado a abortar“.
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La ley no obliga a que los abortos se realicen en centros públicos, pero sí exige a las comunidades la organización de un registro interno de objetores para garantizar el derecho tanto de las mujeres como de los profesionales sanitarios. En la práctica, la ausencia de este listado afecta a la organización de los servicios y provoca que la mayoría de intervenciones en Madrid se deriven a clínicas privadas, ya que muchos hospitales públicos cuentan con plantillas mayoritariamente objetoras.
Fuentes cercanas a Ayuso consideran que el registro equivale a una “lista negra”, a pesar de que la Comunidad sí aplicó un sistema similar para la eutanasia sin generar controversia. Desde el Ministerio de Sanidad, Mónica García celebra la decisión judicial: “Nos decía que nos teníamos que ir a abortar fuera. Bueno, pues resulta que no, que no nos vamos a ir a ninguna parte, que es ella la que va a tener que crear un registro de objetores como marca la ley”.
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Ayuso asegura que defiende la “libertad”
Ayuso ha vuelto a expresarse en el mismo sentido hoy durante el pleno de la Asamblea de Madrid, defendiendo la libertad ideológica y de conciencia de los médicos. Considera que el aborto debe ser una práctica “legal, segura y poco frecuente”, pero a su parecer es “justo lo contrario”. Así lo ha dicho en respuesta a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien había avisado a la presidenta de que iba “a pasar por el aro” con el registro de objetores cuando la Justicia obligue a la comunidad a crearlo.
Ayuso, por su parte, niega las afirmaciones de Más Madrid de que en la comunidad no es posible abortar por la sanidad pública, afirmando además que el 15% de las mujeres que interrumpen su embarazo en la comunidad viene de otras regiones. También ha asegurado que uno de cada cuatro embarazos en España acaba en aborto y que el 40% de estas interrupciones es “reincidente”, es decir, que no es la primera a la que se somete la paciente.
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“No voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo”, ha dicho, “pero tampoco aquí a aquellos médicos que no quieran hacerlo”, ha asegurado Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad considera que, con esto, defiende “la libertad ideológica, de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos y la integridad física y moral”.
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