El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado al Gobierno regional iniciar “de inmediato” los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia al aborto, así como su implantación. La resolución judicial llega en respuesta a un recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad contra la Comunidad de Madrid, única autonomía que ha continuado negándose a elaborar este registro.
El registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un mecanismo planteado en la ley del aborto de 2023 cuyo objetivo es garantizar la correcta prestación sanitaria. Se trata de un documento confidencial que permite conocer a las comunidades autónomas con cuántos médicos objetores cuentan, para poder planificar mejor sus recursos humanos e intentar que el aborto sea un servicio que se proporcione dentro de la sanidad pública. Actualmente, el Sistema Nacional de Salud (SNS) tan solo se encarga del 20% de los procedimientos.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron un protocolo para desarrollar este registro. Durante el último año, las autonomías han avanzado en los trámites para crear este mecanismo, a excepción de la Comunidad de Madrid. Es por ello que el Ministerio de Sanidad interpuso en enero un recurso contencioso-administrativo para conseguir que la región comience los trámites.
Este lunes, el TSJ de Madrid considera que hay un riesgo de que la demora en la adopción de medidas por parte de la Comunidad de Madrid “permita prolongar indefinidamente el incumplimiento de una obligación legal expresamente establecida en una ley orgánica”. Así, los magistrados han fallado a favor del Estado y exigen al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que inicie los trámites para la creación del registro. Esta medida, sin embargo, “no supone la creación inmediata” del documento, sino “la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación”.
Victoria judicial por el derecho al aborto
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado la resolución como una “victoria judicial por el derecho al aborto”. “La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99% a la privada. Se acabó”, ha expresado en una publicación en redes sociales".
La Comunidad de Madrid es de las regiones que más interrupciones del embarazo realizó en 2024, un total de 18.149, pero estos se realizan principalmente en la sanidad privada. Según los datos oficiales, tan solo 86 abortos ocurrieron en centros públicos, lo que representa un 0,47% del total.
El Gobierno autonómico ha mostrado en varias ocasiones su rechazo al registro de objetores de conciencia, que han catalogado de “lista negra”. Especialmente polémicas fueron las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que espetó a las diputadas de Más Madrid que se fueran “a otro lado a abortar” durante una intervención en la Asamblea de Madrid. “No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”, expresó.
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