El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha denunciado públicamente la “situación límite” que, a su juicio, atraviesa la plantilla de la Ertzaintza como consecuencia del “impago sistemático” de horas extraordinarias y de los retrasos reiterados en el abono de juicios y gastos de desplazamiento. El sindicato atribuye esta situación a una gestión administrativa “absolutamente deficiente” que estaría provocando un grave perjuicio económico y personal a los agentes.
Según el Si.P.E., la policía autonómica vasca arrastra un déficit estructural de más de 1.000 efectivos, el 90% de ellos en la escala de Protección Ciudadana. Esta carencia, sostienen, se está “parcheando” mediante el recurso constante a llamamientos en días libres. Los agentes, “por responsabilidad y compromiso con la seguridad pública”, acuden a reforzar el servicio en sus jornadas de descanso, pero la Administración responde, afirman, con demoras en el pago que en muchos casos superan los seis meses.
El sindicato advierte de que esta dinámica no solo afecta a la estabilidad económica de las familias de los ertzainas, sino que constituye un “ataque directo a la conciliación familiar y a la dignidad profesional” de quienes sostienen la seguridad pública en Euskadi. A su entender, el déficit de personal no es una circunstancia puntual, sino el resultado de años de planificación deficiente y de falta de previsión en la reposición de efectivos.
Se apoyan “en la disponibilidad absoluta de los agentes”
Desde la organización sindical critican que el Departamento de Seguridad se apoye “sistemáticamente en la disponibilidad absoluta de los agentes”, mientras incumple “su obligación más básica: pagar en tiempo y forma el trabajo realizado”. “No es aceptable que se exija compromiso, flexibilidad y sacrificio personal mientras se levantan muros burocráticos para retrasar pagos legítimos”, subrayan.
Las Oficinas de Recursos Humanos alegan falta de personal para justificar los retrasos, pero el Si.P.E. sostiene que el problema radica en una “desorganización estructural” en los servicios de Recursos Generales de comisarías y unidades. Consideran “inaceptable” que los propios agentes tengan que adelantar de su bolsillo los gastos derivados de asistencias a juicios o desplazamientos y que posteriormente sufran demoras de meses para recuperar ese dinero.
A su juicio, esta gestión evidencia una “absoluta desconexión con la realidad del colectivo” y constituye un “maltrato laboral encubierto” en el que la vocación de servicio se utiliza como excusa para “normalizar el abuso administrativo”.
“La paciencia de los agentes ha llegado a su límite”
Ante lo que describen como un “hartazgo generalizado” en la plantilla, el sindicato exige el abono inmediato de todas las cuantías adeudadas por horas extraordinarias, juicios y gastos de viaje, así como la puesta en marcha de un plan de choque urgente para profesionalizar y dotar de medios suficientes a las áreas de gestión administrativa. Asimismo, reclama la asunción de responsabilidades políticas y el cese del responsable de la gestión de personal en las unidades de la Ertzaintza, Aitor Azkuenaga, al que señalan como “responsable directo de no poder garantizar el pago puntual por el trabajo efectivamente realizado”.
“La paciencia de los agentes ha llegado a su límite”, advierte el Si.P.E., que sostiene que la seguridad ciudadana no puede sostenerse “sobre la precariedad económica y la incertidumbre administrativa de quienes la garantizan”. En su comunicado, el sindicato concluye con una advertencia: “La vocación de servicio no puede convertirse en sinónimo de abuso”.
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