Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

El enunciado es muy claro: “Genealogía de un título nobiliario novohispano y su fraudulenta rehabilitación por un alcalde de Madrid”. Javier Sanchiz Ruiz, historiador mexicano, acaba de publicar en España una investigación detallada que demuestra que uno de los regidores que tuvo la capital, José María de Garay y Rowart, obtuvo el condado del Valle de Súchil, un título nobiliario creado por el rey Carlos III, sin que legalmente le correspondiera. Y eso que contó, como marca la legislación, con un informe favorable de la Diputación de la Grandeza, otro del Consejo de Estado y un tercero del Ministerio de Justicia. Según este historiador, De Garay obtuvo la ayuda de un genealogista que falsificó documentos para que Alfonso XIII rehabilitara en su figura este título.

La investigación se ha publicado en la revista ‘Anales’, que edita la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que recuerda que hay una plaza en Madrid con el título del condado como homenaje a Garay y Rowart, “no así al que se le concedió la dignidad, José del Campo Soberrón y Larrea, del que parece que su paso por este mundo había dejado poca huella“, explica Sanchiz. Como una ironía del destino, continúa el historiador mexicano, académico de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, en esta plaza se encuentra, además, una importante librería, la de Marcial Pons, en la que venden destacados libros de historia con una importante selección de obras dedicadas a genealogía, nobiliaria y heráldica.

El condado de Valle de Súchil se concedió el 11 de junio de 1776 a José Ignacio del Campo Soberrón y Larrea, un vasco que había emigrado a Nueva España, donde hizo fortuna como soldado y destruyó la “nación de los cocoyomes, la más temible de cuantas hostilizaban aquellas fronteras”. Luego se casó con la hija de un importante minero e inició una carrera política, llegando a ser alcalde honorario y regidor mayor de Galdames y gobernador interino de Nueva Vizcaya. En 1771 fue nombrado capitán general en la guerra contra Inglaterra. En 1776, como pináculo de su trayectoria, Carlos III le nombró conde del Valle de Súchil. Murió en 1782, dejando cinco hijos. En esa época solo le podía suceder un varón.

Así que heredó el título su hijo José María del Campo Erauzo (1770-1825). Un accidente de caza, y las heridas recibidas por un oso, provocaron su muerte. Dejó 12 hijos, pero a su fallecimiento ninguno reclamó el título, “cayendo el mismo en situación de vacancia”, explica Sanchiz. En 1885, el Gobierno español decidió suprimir este título. Pero, como explica este historiador, cuando Alfonso XIII llegó al trono, “España vivió nuevamente un furor de ennoblecimiento que supieron aprovechar genealogistas e intermediarios para ofrecer sus servicios a un público que quería ver colmado el cursus honorum con un título que transmitir a sus herederos". De hecho, entre 1902 y 1931 se concedieron 287 rehabilitaciones sobre títulos de Castilla.

Solicitud de rehabilitación en 1919

De la misma opinión es Javier Gómez de Olea y Bustinza, un ingeniero industrial de la Escuela de Ingenieros del ICAI, amante de la genealogía, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y parte de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Este experto asegura que en los últimos 15 años del reinado de Alfonso XIII (entre 1916 y 1931), y en los primeros diez años del reinado de Juan Carlos I (entre 1975 y 1988), hubo muchas irregularidades a la hora de sucesiones y rehabilitaciones de títulos. Poco control para acreditar si el nuevo marqués, conde o duque tenía derecho a tal distinción. En este contexto, José María de Garay y Rowart, alegando parentesco de consanguinidad por la línea Castaños (la familia paterna del primer conde), solicitó en 1919 la rehabilitación del título.

Para el montaje del fraude, explica Sanchiz, una pieza del siglo XIX sería clave: “La ejecutoria de hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid. En la misma se aprovechó la homonimia de Ignacio de Castaños (Peñuñuri/Peñañori) para hacerlo pasar por Ignacio de Castaños (Montaño), y de esta forma ser descendiente de Miguel de Castaños y Soberrón, caballero de Santiago, con lo cual se aseguraba la nobleza del linaje”. Para ello, el genealogista Gonzalo Álvarez Mayo cambió algunos nombres del árbol familiar. “El resto fue simplemente cuestión de maña: ocultar un par de partidas en el tracto genealógico”, asegura Sanchiz.

“En este expediente, Álvarez Mayo optó por presentar las fuentes documentales muy seccionadas, para evitar que la Diputación de la Grandeza y el Consejo de Estado pudieran analizar la genealogía del conde del Valle de Súchil y, por supuesto, todo ello, en lugar de copias compulsadas de las actas por los archivos y parroquia de origen, se hizo a través de las famosas certificaciones notariales de exhibición documental, sin referencia archivística de procedencia, un mecanismo que se convirtió en una práctica recurrente en muchas de las rehabilitaciones extrañas de títulos novohispanos en las que Gonzalo Álvarez Mallo intervino”, señala la investigación del historiador Sanchiz. “La conexión sanguínea no aparece en ningún momento de forma documentada. Pero sin lugar a duda, ni se hizo en su momento ni yo he encontrado algún indicio de que la haya”, concluye Sanchiz.

Cuando una persona solicita la rehabilitación de un título nobiliario, se inicia un expediente de rehabilitación para poder ostentarlo. Un expediente que debe contar con tres informes: del Consejo de Estado, de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, y del servicio jurídico del Ministerio de Justicia, aunque la decisión final es del rey. El informe que más peso suele tener es del Consejo de Estado. Si los tres informes son favorables, el título se rehabilita. En cambio, si dos de los tres informes son negativos, no. Tiene que haber mayoría de informes favorables y que uno de ellos sea el del Consejo del Estado.

Cuando era diputado

José María de Garay y Rowart, periodista, soldado y abogado, solicitó el 20 de enero de 1919 (cuando era diputado y senador vitalicio) que se le rehabilitara este título en su favor, “utilizando por tanto un árbol genealógico que lo vinculaba al tercer abuelo del I conde del Valle de Súchil, hecho que era totalmente falso”. Garay y Rowart sería alcalde de Madrid en 1922, aunque solo estuvo en el cargo unos meses. Ya era entonces conde, título que Alfonso XIII rehabilitó oficialmente en junio de 1919. El nuevo conde tuvo que pagar 24.000 pesetas de entonces. Murió en 1940. En su honor se inauguró en 1958 una plaza que lleva su nombre en el barrio de Chamberí. Heredó el título su hijo Eduardo. No lo tuvo fácil. A su pretensión se opuso Gloria de Yandiola y Urquijo, quien descendía de una hermana del primer conde. Pero Justicia, la Grandeza de España y el Consejo de Estado avalaron su derecho al título, ratificado por Franco en 1954. Eduardo de Garay y Garay, arquitecto y militar, falleció en 1985.

Uno de sus hijos, Ramón María, heredó el título. Es, actualmente, el quinto conde. En 2004, Ángel de Barutell y Farinós presentó ante un juzgado una demanda, solicitando su mejor y preferente derecho genealógico. Este último alegó derecho de propincuidad (descendía de una hermana del primer titular). “A pesar de haber demostrado la falsificación existente, su demanda no prosperó”, señala el estudio de Sanchiz. “El tribunal apreció la prescripción del mejor derecho de Ángel de Barutell por llevar 40 años o más en la línea Garay”, matiza Javier Gómez de Olea. “Por muchos años que hayan transcurrido, constatar documentalmente un fraude en este tipo de rehabilitaciones deja en la cuerda floja a quien detenta un título. Cualquier consanguíneo del primer titular puede reclamarlo, bien sea por la vía judicial o ante el deceso de su poseedor. No son pocos los casos que en las últimas décadas han sido descubiertos por la Diputación de la Grandeza”, concluye la investigación de Sanchiz.