De contratos informales y mudanzas constantes a compartir casa con 45 años: el problema de la vivienda se recrudece en Valencia

C.R., trabajadora social de 45 años, temía que llegara 2026 por la renovación de su contrato de alquiler. Sabía que su casero iba a subir el precio del piso donde lleva viviendo ocho años en Valencia, pero no imaginaba que prácticamente lo fuera a duplicar, al pasar de 550 euros mensuales a 950, una cantidad imposible de asumir si quería seguir viviendo sola. La opción por la que optó fue alquilar una habitación dentro del propio piso, y ahora comparte su espacio con un hombre de 52 años, que también se vio forzado a renunciar a la independencia por el aumento del alquiler. Por suerte, cuenta a Infobae, su nuevo compañero es un conocido, pero, aun así, no puede evitar sentir impotencia y frustración.

“Trabajo desde hace 20 años, tengo 45, y no puedo permitirme pagar un alquiler sola. Me toca compartir casa a estas alturas y con alguien que a su vez se ha visto en una situación similar, con más de 50 años. Al final renuncias a tu intimidad e independencia para seguir teniendo un poco de vida normal, pero es realmente frustrante”, explica. C.R., que prefiere no dar su nombre completo por temor a que su casero pueda verlo, se pregunta quién va a poder asumir rentas que superan los 1.000 euros “con los salarios actuales”. Reconoce que ha llegado a pensar que “la vida no está hecha para vivir sola, porque o bien tienes pareja o compartes piso”. “No sé cómo harán las madres y los padres solteros que tienen hijos”.

La presión que describe C.R. refleja la situación del mercado. Los precios en 2025 han alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los de la burbuja inmobiliaria de 2008, de forma que el precio medio del alquiler aumentó en el país un 8,5%, alcanzando los 14,7 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. Aunque las ciudades con el alquiler más caro son Barcelona (23,8 euros por metro cuadrado), Madrid (22,7), Palma de Mallorca (18,3) y San Sebastián (17,9 euros), en Valencia también ha habido un aumento notable en los últimos tres años, lo que ha agravado la crisis de la vivienda.

En el mercado de compraventa, en 2025 los precios en España volvieron a batir un nuevo récord histórico, según los datos publicados esta semana por el Consejo General del Notariado. El precio medio del metro cuadrado alcanzó los 1.902 euros, un 7,5% más que en 2024, superando los máximos de 2007 (1.832 euros/m²) en plena burbuja inmobiliaria. En ese sentido, Valencia también es una de las ciudades donde más ha crecido el precio de la vivienda.

Tres mudanzas en un año y habitaciones por 500 euros

Para María Rodenas, una joven de 26 años, la situación en la capital del Turia también se está complicando cada vez más. En su caso, le ha tocado mudarse hasta en tres ocasiones en el último año por la dificultad para encontrar alquiler estable. Y lo peor, asegura, es que las perspectivas de futuro están lejos de mejorar. “En Valencia ahora mismo no hay ningún piso que valga menos de 1.000 euros para una persona sola, cuando en muchos casos tenemos salarios de 1.400. Hay pisos que están hechos polvo, otros que no tienen salón, y muchas habitaciones ya están por 550 o 600 euros si el barrio es céntrico”, resume.

En sus experiencias solo se ha encontrado con propietarios que evitaban formalizar contratos o que ofrecen alquileres por habitaciones, por lo que pueden modificar condiciones y aumentar el precio libremente, ya que estos contratos no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino que se rigen por lo pactado entre las partes y lo dispuesto en el Código Civil.

“Lo que me está ocurriendo con los alquileres por habitaciones es que cada vez que un inquilino se marcha, los caseros aprovechan para modificar las condiciones y cambiar el contrato entero, subiendo los precios a todos, en lugar de hacer un anexo al nuevo inquilino que entra. Además, es horrible, porque nunca sabes quién va a entrar, eso lo decide la inmobiliaria de turno, y yo no quiero vivir así. Parecemos marionetas”, critica María. Tampoco ve una solución en los contratos de temporada, porque “no se puede vivir con esa inseguridad de que pueden renovarte o no cada poco tiempo”. “Así no se puede hacer un proyecto de futuro”, sentencia.

Medidas para “frenar la especulación”

Aunque el pasado mes de enero el Gobierno central anunció un real decreto-ley en materia de vivienda para “frenar la especulación y dar una mayor protección a los inquilinos”, con condiciones al alquiler de temporada y límites al precio del alquiler por habitaciones, de momento no han entrado en vigor y este tipo de contratos sigue sin estar regulado por la LAU. Además, son las comunidades autónomas las que deben declarar las zonas tensionadas para poder aplicar este tipo de límites.

Por todo ello, son muchos los afectados que, como María, reclaman medidas más estrictas y un control efectivo para garantizar la protección de los inquilinos frente a los abusos de los propietarios.

Después de tantas complicaciones, esta joven admite que ya incluso se plantea dejar Valencia y marcharse a un pueblo, aun sabiendo que eso dificultaría encontrar empleo en el ámbito social. “Ya no sé si los jóvenes nos tenemos que acostumbrar a vivir sin casa propia, pero es muy triste, porque hablamos de necesidades básicas, de tener un sitio donde poder descansar, donde tener tus cosas. Trabajamos 40 horas o más a la semana y ni siquiera tenemos la tranquilidad de poder construir un hogar”, añade indignada.

Ni Ayuntamiento ni Generalitat declaran zonas tensionadas

Desde el Sindicato de Inquilinas de Valencia denuncian que los grandes propietarios utilizan su posición dominante para imponer precios elevados, lo que ha derivado en “una forma de pobreza moderna para quienes alquilan viviendas y en una utopía inalcanzable para quienes, desde la clase trabajadora, aspiraban a comprar”. Según el sindicato, en Valencia el 10% del parque inmobiliario está controlado por grandes rentistas con más de diez viviendas, lo que les permite influir en los precios de toda la ciudad. Una situación que, explican, se refleja en casos como el de la Finca Groga, un edificio de 1939 ubicado en el barrio de La Saïdia y cuyos propietarios quieren echar a los inquilinos para transformarlo en apartamentos de lujo.

La organización critica que el Ayuntamiento y la Generalitat no declaren Valencia como zona tensionada para que se puedan establecer esos límites a los precios del alquiler y advierte de la proliferación de pisos turísticos —hay unos 6.000 alojamientos inscritos en el registro autonómico—, ya que reduce la oferta de vivienda y contribuye al alza de los precios.

Toda esta situación, añade el sindicato, golpea especialmente a la llamada “generación inquilina”, formada por jóvenes y trabajadores sin posibilidades de heredar o comprar vivienda, quedando “atrapada en el alquiler permanente”, si bien también afecta de forma notable a la población migrante, que además enfrenta barreras discriminatorias por parte de las agencias inmobiliarias, que “imponen condiciones abusivas o directamente les niegan el acceso a la vivienda”.

Para este 2026, el panorama tampoco es muy halagüeño, pues los analistas estiman que los precios seguirán subiendo en torno a un 7%.