La Comisión Europea está dispuesta a avanzar en la prohibición de los servicios marítimos vinculados al petróleo ruso aunque no exista un acuerdo previo en el G7. La medida, incluida en el vigésimo paquete de sanciones que negocian ya los Estados miembro, apunta directamente a uno de los engranajes que permiten a Moscú seguir colocando crudo en el mercado internacional pese a las restricciones occidentales: la logística marítima y el entramado de servicios que la sostiene.
El aviso lo lanzó el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al término del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin). En un momento en el que Bruselas trata de preservar la coordinación con sus socios transatlánticos y asiáticos, Dombrovskis dejó claro que la alineación con el G7 es políticamente deseable, pero no jurídicamente imprescindible. “Cuanto más alineados podamos estar, incluido a nivel del G7, mejor”, señaló ante la prensa. Acto seguido, matizó que esa convergencia “no es una condición previa absoluta” y que la Unión hará “lo que sea necesario” en el ámbito europeo si no se alcanza un consenso más amplio.
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La formulación no es menor. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la arquitectura de sanciones occidentales ha descansado en buena medida en la coordinación entre Bruselas, Washington y el resto de economías del G7, especialmente en lo relativo al tope al precio del crudo. El transporte marítimo, por su naturaleza global y por la concentración de aseguradoras y navieras en países aliados, ha sido uno de los pilares de esa estrategia. La Comisión es consciente de que una decisión fragmentada puede reducir el impacto, pero también de que la dilación erosiona la credibilidad política del bloque.
El transporte como eslabón crítico
El nuevo paquete de sanciones, presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pretende mantener la presión sobre la economía rusa con medidas adicionales en los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio. Su entrada en vigor está prevista para el 24 de febrero, una fecha que subraya la carga simbólica de la iniciativa.
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En el ámbito energético, el elemento central es la prohibición total de prestar servicios marítimos al petróleo ruso, incluidos el transporte y los servicios asociados. No se trata únicamente de impedir que barcos europeos carguen crudo ruso, sino de cortar el acceso a un abanico más amplio de apoyos técnicos y comerciales sin los cuales la exportación se encarece y se complica.
Bruselas pone el foco en la denominada “flota fantasma”, un conjunto de buques que operan bajo banderas de terceros países y que transportan petróleo ruso en condiciones opacas o irregulares. Estos barcos, según ha venido señalando la Comisión, recurren a estructuras societarias complejas y a cambios de pabellón para eludir controles y restricciones. El objetivo declarado es dificultar esa operativa y reducir los ingresos energéticos del Kremlin, en un momento en que el crudo sigue siendo una fuente esencial de financiación para la economía rusa.
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La dimensión internacional del transporte marítimo explica la insistencia inicial de la Comisión en coordinar la medida con el G7. Una decisión conjunta permitiría ampliar el alcance geográfico de la prohibición y evitar que determinados servicios se desplacen simplemente hacia jurisdicciones menos restrictivas. Sin embargo, el mensaje de Dombrovskis introduce una variable política: la UE no quiere quedar rehén de un eventual bloqueo o retraso en ese foro.
Ampliación de la lista negra
El paquete incorpora además la propuesta de añadir 43 buques adicionales a la lista negra comunitaria por su participación en el transporte de petróleo ruso en condiciones consideradas opacas o irregulares. De aprobarse, el total de embarcaciones sancionadas ascendería a 640.
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La inclusión en esa lista implica restricciones de acceso a puertos y servicios en territorio de la Unión, así como limitaciones operativas que buscan cerrar los canales logísticos utilizados para comercializar crudo ruso al margen de los mecanismos de control establecidos por Bruselas y sus socios. Es una herramienta que la UE ha ido reforzando progresivamente, en paralelo a la ampliación de los regímenes de sanciones individuales y sectoriales.
Las negociaciones entre los Estados miembro se centran ahora en el alcance técnico de la prohibición y en su encaje con las medidas ya vigentes. Como en anteriores rondas, la unanimidad es requisito indispensable, lo que obliga a equilibrar la ambición política con las sensibilidades económicas de cada capital.
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