Una orden religiosa propietaria de más de 100 pisos intenta desalojar a Mariano en Madrid por cuarta vez: “No quieren negociar un alquiler social”

Mariano Ordaz, pensionista de 67 años, ha vivido toda su vida en el número 1 de la calle Carnero, en el barrio madrileño de Embajadores, pero este viernes 13 de febrero podría quedarse sin casa al enfrentarse al cuarto intento de desahucio. La vivienda es propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, una orden católica con un patrimonio de más de 100 pisos y que exige a este vecino que abandone el inmueble por impago del alquiler. Según denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a pesar de que Mariano cobra una pensión con la que podría hacer frente al pago de la renta, la entidad “siempre se ha negado a negociar un alquiler social” y a suspender el desalojo.

La orden franciscana alega la necesidad de acometer reformas estructurales en la vivienda, aunque Mariano asegura que el deterioro del edificio es el resultado de años de falta de mantenimiento y dejadez por parte de la propia propiedad. De hecho, el pasado mes de noviembre el techo de la cocina se desplomó, según relató Mariano, que también denuncia otros problemas de la vivienda, como “humedades persistentes, paredes deterioradas y la inutilización del baño”, lo que han convertido el piso en un espacio cada vez más inhabitable.

“Esta falta de mantenimiento por parte de la Venerable Orden Tercera de San Francisco le estaría sirviendo de excusa para ejecutar el desahucio”, indica en un comunicado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que también advierte de que el caso de Mariano no es un hecho aislado, sino “una de las consecuencias inmediatas por el rechazo a la moratoria antidesahucios”. La organización señala que, pese al nuevo decreto de escudo social que deberían impedir los desalojos de personas vulnerables, los desalojos continúan afectando a miles de familias, ya que las medidas de protección se han ido reduciendo o aplicando de manera fragmentada.

El escudo antidesahucios está en el aire

Según ha informado el Gobierno, el real decreto ley de escudo social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero, aunque se puso por primera vez en marcha en 2020 a consecuencia de la pandemia, se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Pero este año la norma del Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad, limitaciones que han sido criticadas por las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.

Por ello, las organizaciones sociales que defienden el derecho a la vivienda advierten que el nuevo decreto “no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables amenazadas por el desalojo sin alternativa habitacional" y aseguran que la moratoria vigente desde 2020 ha logrado frenar uno de cada cuatro desalojos.

La aprobación de la prórroga del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026 permanece en el aire, ya que Junts ha confirmado su rechazo al texto al considerar que perjudica a los pequeños propietarios. El decreto llegará al Congreso en tres semanas y su futuro depende de las negociaciones parlamentarias.