La decisión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) de conceder el título de doctora honoris causa a la reina Sofía ha generado un intenso debate dentro de la propia institución académica. Bajo el encabezado “¿Qué significa honrar a alguien en nombre de la universidad?”, un grupo de profesores ha difundido un manifiesto en el que cuestiona abiertamente este reconocimiento.
El texto, suscrito por una quincena de docentes, plantea una gran reflexión sobre el sentido de las distinciones académicas. A su juicio, este tipo de nombramientos no deberían responder a gestos protocolarios ni institucionales, sino a trayectorias vinculadas de manera directa con la promoción del conocimiento. “El honoris causa no debe ser una herramienta de cortesía institucional, sino un reconocimiento al mérito intelectual”, sostienen.
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Los más críticos consideran que premiar a una figura “cuyo capital simbólico proviene del linaje y no del saber” puede desdibujar el significado de la excelencia universitaria. En su opinión, la universidad pública debe distinguir a personas que hayan contribuido al avance científico, la creación cultural o la transformación social desde el pensamiento crítico. Por eso insisten en que su postura “no es un gesto contra nadie, sino a favor de la universidad y de aquello que la justifica”.
La polémica no tardó en trascender dentro de los muros de la universidad. Algunos de los firmantes, como el profesor Germán Santana, doctor en Geografía e Historia, defendieron públicamente que la trayectoria institucional de la reina emérita no puede desligarse del contexto que ha rodeado a la monarquía en los últimos años.
En declaraciones recogidas por la prensa local, afirmó que la figura de doña Sofía no resulta ejemplar “por su asociación a la corrupción, aunque no haya participado directamente en ella”, además de cuestionar su posicionamiento ideológico en distintos asuntos. Según su visión, desde que se conoció la concesión del título, la universidad se ha convertido en “el hazmerreír de las universidades públicas del país”.
El malestar cristalizó en la convocatoria de una concentración ante el rectorado, prevista para el 15 de enero bajo el lema ‘No en mi nombre’. La protesta coincidía con la ceremonia de investidura programada en el paraninfo universitario. Sin embargo, la movilización fue desconvocada después de que Casa Real comunicara la suspensión de los actos previstos en la isla debido al “empeoramiento de salud de su hermana la princesa Irene de Grecia”. La agenda de la reina Sofía incluía también la recogida del Premio Gorila 2024, otorgado por la Fundación Loro Parque por su compromiso con la conservación de la biodiversidad.
El rector se pronuncia
Desde el equipo rectoral se ha intentado rebajar la tensión. Lluis Serra, rector de la ULPGC, ha explicado que el procedimiento siguió los cauces habituales y que la propuesta fue presentada ante el claustro sin que se registraran objeciones formales en ese momento. “Es difícil que un candidato tenga unanimidad, pero como miembros de la comunidad universitaria nos debemos a la democracia: en su momento hubo ocasión de pronunciarse ante el claustro y no hubo un solo comentario”, ha señalado en declaraciones a Vanity Fair. A su entender, “la inmensa mayoría de la Universidad, incluida la gente más joven, acepta con los brazos abiertos esta candidatura”.
El rector ha defendido que la distinción responde al compromiso social de la reina Sofía a lo largo de décadas, especialmente en ámbitos como la solidaridad, la justicia social, el desarrollo sostenible, la cultura, la ciencia y la educación. Ha subrayado que el honoris causa reconoce también trayectorias de impacto social, más allá de la producción estrictamente académica.
No es la primera vez que doña Sofía recibe un doctorado honorífico, y en anteriores ocasiones su papel se ha limitado a asistir al acto sin pronunciar discurso. En esta ocasión, su presencia en Las Palmas iba a ser, igualmente, de carácter institucional. De hecho, el aplazamiento de la ceremonia —que, según Casa Real, podría celebrarse el 20 de febrero— ha pospuesto también cualquier movilización.
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