
José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete del entonces president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, compareció este lunes por segunda vez ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. En su intervención volvió a negar que diera órdenes a la exconsellera de Interior Salomé Pradas durante aquella tarde e insistió en que sus mensajes de WhatsApp, conocidos tras ser aportados por Pradas al juzgado que instruye la causa penal, no fueron instrucciones operativas, sino “una reflexión” sobre la necesidad de actuar con cobertura legal en un contexto de extrema gravedad.
La comparecencia se produjo tras la difusión de los intercambios entre ambos, en los que Cuenca escribió a Pradas frases como “Salo, de confinar nada, por favor. Calma”. Ese mensaje, enviado a las 19.54 horas del día de la riada, se ha convertido en uno de los ejes de la investigación parlamentaria y judicial, al tratarse de un momento en el que la entonces consellera valoraba medidas más restrictivas ante el avance de las inundaciones que acabarían dejando 230 muertos en la Comunitat Valenciana.
Cuenca ya había comparecido el pasado 1 de diciembre, pero fue citado de nuevo después de que se conociera el contenido de esas conversaciones. En esta segunda intervención, negó haber mentido en su primer interrogatorio y rechazó estar protegiendo a Mazón. “No es mi propósito separarme de lo que vengo diciéndoles, que es lo que yo viví y lo que yo recuerdo de aquella jornada”, afirmó ante los diputados, que le acusaron de haber dado una versión incompleta de los hechos.
El exjefe de Gabinete defendió que el controvertido mensaje sobre el confinamiento no transmitía ninguna instrucción del president ni pretendía frenar decisiones técnicas. Según su explicación, se limitó a trasladar una reflexión personal para que, en caso de adoptarse una medida de ese calibre, se hiciera con la “máxima cobertura jurídica”. Negó haber vinculado el confinamiento a la declaración de un estado de alarma y subrayó que carecía de competencias para ordenar nada en una emergencia.
“Yo no le di ninguna orden ni ninguna instrucción aquella tarde a ningún miembro que estuviera al frente de la emergencia”, repitió en varias ocasiones. Cuenca sostuvo que, como jefe de Gabinete, no era más que “un conseller” sin capacidad para “ordenar ni poner firme a ningún técnico”, y que en todo momento se hizo lo que indicaron los servicios especializados.

También recordó que Pradas habló con Mazón alrededor de las 19.45 horas y defendió que el entonces president “nunca dejó de estar comunicado” durante la crisis. En paralelo, volvió a poner el foco en la falta de información sobre el caudal del Barranco del Poyo, un dato que, según dijo, condicionó la respuesta institucional. “Sin esa información nadie habría podido intentar hacer algo para evitar lo que desgraciadamente todavía nos duele a todos”, reiteró.
El borrado de mensajes
Uno de los puntos más controvertidos de la sesión fue la desaparición de mensajes del teléfono móvil de Cuenca, incluidos los intercambiados con Mazón y Pradas. Los grupos del Gobierno y buena parte de la oposición le reprocharon haber borrado esas comunicaciones para encubrir al expresidente autonómico. El compareciente negó haberlo hecho de manera deliberada y rechazó cualquier acusación de destrucción de pruebas.
Desde ERC, Teresa Jordà le acusó de “vacilar” a la comisión y de tratar de desviar responsabilidades. “No somos imbéciles, ni la ciudadanía tampoco”, le espetó, después de que Cuenca negara haber influido en el retraso del mensaje de Es-Alert o en la decisión de no confinar. Mikel Otero, de EH Bildu, fue más allá y sostuvo que su “entrometimiento” en la gestión supuso un “fallo muy grave”, al introducir dudas jurídicas en un momento crítico que, a su juicio, podría acarrear responsabilidades penales.
Àgueda Micó, diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, centró su intervención en la continuidad de Cuenca como asesor de Mazón en la Oficina del Expresident y en el salario que percibe por ese trabajo. A su entender, esa relación explicaría su negativa a reconocer órdenes y su fidelidad al antiguo jefe del Consell. Micó llegó a sugerir que Cuenca podría acabar imputado si se demostraba que encubrió conversaciones clave de aquella tarde.
Desde Sumar, el diputado Alberto Ibáñez preguntó por las informaciones conocidas ese mismo día en sede judicial sobre los movimientos de Mazón durante la emergencia, una cuestión sobre la que Cuenca eludió pronunciarse alegando que no había tenido tiempo de informarse. En el mismo grupo, Nahuel González, de IU, le instó a pedir disculpas a las víctimas por seguir insistiendo en que no dio órdenes, una petición que el compareciente rechazó de plano.
La diputada socialista Patricia Blanquer reprochó a Cuenca su actitud defensiva y le acusó de “no contestar” y de victimizarse. También puso el acento en la desaparición de mensajes de su teléfono corporativo, que calificó de “obstaculización a la justicia”, y cuestionó si trasladó a Mazón todos los avisos de Pradas sobre fallecimientos y desbordamientos. Cuenca respondió que comunicó los avisos relevantes y volvió a insistir en que no actuó bajo órdenes ni dio instrucciones en nombre de nadie.
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