El Gobierno británico desalojará a un grupo de policías que viven en casas subvencionadas: “Tenemos pocas semanas para buscar otro sitio”

Un grupo de agentes de la Policía de Surrey, en Gran Bretaña, enfrenta el inminente desalojo de sus viviendas subvencionadas, propiedad de la oficina de la Comisionada de Policía y Delitos. La decisión obedece a una reestructuración en la política de alojamiento, que prioriza la llegada de nuevos reclutas ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Derechos de los Inquilinos en el país. Sin embargo, el Gobierno ha extendido en dos meses el plazo para que abandonen sus hogares, tras las preocupaciones manifestadas por los afectados.

La medida amplía el tiempo de permanencia hasta el 18 de julio de 2026 y supone también una reducción temporal del alquiler, según confirmó la Policía de Surrey. No obstante, la decisión de desalojar a los inquilinos se mantiene firme.

Para algunos, el impacto ha sido devastador. “Cuando recibimos la carta, nuestro mundo se vino abajo”, ha contado a la BBC una de las residentes. “La realidad es que no podemos permitirnos cambiar de vivienda por una similar en el mercado de alquiler privado. Intento mantenerme positiva, pero en este momento no hay nada por lo que ser positiva”.

Otra afectada, embarazada y madre de un niño pequeño, ha descrito la urgencia y el desconcierto tanto de los policías como de sus familias: “Tengo un hijo de tres años y estoy a punto de dar a luz y nos han dicho que tenemos pocas semanas para buscar otro sitio donde vivir. Esto ha sido como un jarro de agua fría. Tendremos que conseguir un depósito y un mes de alquiler por adelantado, lo cual no es realista. No tengo idea de dónde vamos a acabar”.

La situación también afecta a familias con menores escolarizados y a personas en situación vulnerable. “Hay familias con hijos que están en época de exámenes, otros con niños discapacitados y uno que padece cáncer en fase cuatro. Algunas familias tienen mascotas, pero es difícil encontrar viviendas que las acepten, así que quizá tengan que buscarles otro hogar o incluso sacrificarlas”, ha asegurado la misma fuente, entrevistada por la BBC.

Los únicos agentes del país en viviendas oficiales

La entrada en vigor de la Ley de Derechos de los Inquilinos el 1 de mayo de 2026 prohibirá los desalojos “sin causa” y pondrá fin a los contratos de alquiler a plazo fijo, lo que llevó a la policía a emitir estas notificaciones antes del cambio legislativo.

De acuerdo con la policía, la estrategia busca que las viviendas subvencionadas sean ocupadas solo por agentes con menos de tres años de servicio y salarios inferiores a 40.000 libras anuales (cerca de 45.000 euros). “El paso de la Ley de Derechos de los Inquilinos ha implicado que debíamos actuar ahora, para garantizar que nuestra vivienda subvencionada pueda ser utilizada por quienes cumplen con nuestros criterios”, ha señalado la portavoz de la fuerza en esa localidad británica.

La comisionada Lisa Townsend ha reconocido la dificultad de la medida: “Les hemos dado el periodo de preaviso más largo que nos era legalmente posible. Sé que la Policía de Surrey está asegurándose de apoyarles en la medida de lo posible en estos momentos. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero creo que es la correcta tanto para el contribuyente de Surrey como para el conjunto de la plantilla”.

Surrey se mantiene como la única fuerza policial en el país que conserva viviendas oficiales, facilitando alojamiento a precios inferiores del mercado para combatir el alto coste de vida en la zona. Esta política, según la comisionada, busca que “podamos ofrecer estas propiedades a algunos de nuestros agentes y empleados peor remunerados que están comenzando su carrera en la policía”.