La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha confirmado en una entrevista en TVE que su formación apoyará en el Congreso el decreto del escudo social. Montero ha criticado al Gobierno por separar la revalorización de las pensiones en un texto diferente y por la “chapuza” del acuerdo entre el PSOE y el PNV que exime a los caseros con una sola vivienda de la moratoria antidesahucios, a pesar de haber decidido apoyarla.
Montero sostiene que lo prioritario es evitar la pérdida de derechos. Según la dirigente, la situación podría haberse evitado si el Ejecutivo hubiera renovado el escudo social por cuatro años, como reclamaba su partido. Además, critica que el Gobierno actúe con pactos variables en vez de garantizar una protección clara a la ciudadanía y advierte de que la gestión actual alimenta el crecimiento de la ultraderecha.
Por su parte, Ione Belarra ha calificado de “error garrafal” la división del decreto y acusa al PSOE de ceder a la presión del PNV, lo que podría dejar desprotegidas a miles de familias vulnerables. Belarra insiste en que Podemos luchó por las medidas sociales del decreto y reclama movilización social para presionar a Junts, al considerar que solo así se evitará que más familias queden expuestas a los desahucios.
El apoyo de Junts sigue siendo necesario para que prospere este paquete de medidas. La formación nacionalista mostró su rechazo a distintos componentes del decreto, de manera que, por el momento, el escudo social seguiría sin poder salir adelante. No obstante, con el apoyo de Podemos confirmado, el Gobierno centrará sus esfuerzos en conseguir convencer a Junts.
El bloqueo de Junts
Junts mantiene su bloqueo al escudo social, el paquete de medidas impulsado por el Gobierno central para proteger a los sectores más vulnerables ante la crisis económica. El veto de Junts detuvo la renovación de ayudas sociales clave, la prórroga de la moratoria de desahucios y otras políticas protectoras. La medida busca sostener mecanismos de apoyo implementados desde el inicio de la pandemia.
Junts per Catalunya, con su posición clave en el Congreso, considera que el Gobierno no ofreció margen para negociar ni incluyó garantías exigidas para Cataluña. El partido también criticó la segmentación de las medidas, producto de acuerdos parciales con el PNV, lo que también ha generado la crítica en Podemos.
La decisión de Junts suscitó preocupación entre organizaciones sociales y sindicatos, que alertaron sobre el riesgo de dejar sin protección a miles de familias, especialmente por la suspensión de la moratoria de desahucios, el bono social energético y las ayudas a la dependencia e infancia. UGT y CCOO advirtieron del impacto inmediato para los hogares vulnerables y reclamaron responsabilidad política.
El Gobierno fragmentó el decreto en busca de apoyos, lo que generó las críticas y tensiones internas, sobre todo tras excluir a pequeños propietarios de la moratoria. Analistas consideran la maniobra de Junts una estrategia negociadora, más que un rechazo al fondo social del decreto. La reactivación de las ayudas sigue en duda, mientras el Ejecutivo intenta reconstruir consensos.
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