El empresario del pistacho, investigado por la Fiscalía por ‘robar’ agua para regar el campo de golf de la urbanización más elitista de Madrid

La Fiscalía de Madrid tiene trabajo sobre su mesa. Investiga desde el año pasado si la empresa que gestiona el campo de golf de La Moraleja, seguramente la urbanización más elitista de la Comunidad de Madrid, ubicada en el municipio de Alcobendas, está robando agua de varios pozos para regar las casi 11 hectáreas de césped que tiene el complejo, bautizado como Golf Park, que cuenta con nueve hoyos, pistas de pádel y otras instalaciones deportivas. Lo que indaga exactamente el ministerio público, con ayuda del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, es si los gestores del club de golf están empleando “captaciones ilegales de agua” para mantener el complejo.

A estas pesquisas, la Fiscalía también tiene ya una ampliación de la denuncia inicial, puesta por la asociación Ecología y Libertad, que señala que, además, se ha podido cometer una infracción urbanística muy grave (tipificada en el artículo 204.2 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid) porque el Ayuntamiento de Alcobendas cedió a esta empresa una parcela pública para que se ampliara el campo de golf cuyo uso es el de zona verde, incompatible con la ordenación urbanística aplicable. “Y este es un delito que nunca prescribe”, explica un portavoz de este colectivo ecologista, que apunta como responsables a varios cargos políticos del Ayuntamiento de Alcobendas, hoy gobernado por el PP. Entre los señalados, la alcaldesa del municipio, Rocío García, y el director del Área de Medio Ambiente del Consistorio, Guzmán Arias.

El campo de golf lo gestiona la empresa Golf Park Enterteinment SL, dirigida a su vez por otra sociedad, Rústica El Acebuchal SA, administrada por Joaquín Cayuela Verges, un conocido empresario del sector del pistacho. De hecho, es secretario de Pistamancha, una cooperativa ubicada en Castilla La-Mancha (la región que lidera el cultivo de este fruto seco en España). La cooperativa inauguró el año pasado una fábrica que permitirá procesar hasta dos millones de kilos de pistacho en verde, el equivalente a 660.000 kilos de pistacho seco comercializable. Cayuela es también un apasionado del golf y acaba de firmar con el Ayuntamiento de Alcobendas un convenio para emplear en la instalación de La Moraleja a jóvenes desempleados del municipio.

Este campo de golf fue inaugurado en 1997, cuando el PSOE gobernaba Alcobendas, y ha mantenido una concesión municipal con alcaldes del PP, socialistas y de Ciudadanos. La instalación se asienta sobre dos parcelas, una privada y una pública (la concesión dada por el Consistorio). Para cubrir las necesidades de agua se apuntaba como solución la reutilización de las aguas sobrantes de las piscinas, el sistema de climatización de un polideportivo municipal, y la extracción de aguas subterráneas de varios pozos con un límite máximo de 7.000 metros cúbicos al año por pozo. Según la denuncia, para regar las 10,7 hectáreas de césped se requiere una demanda hídrica de 50.000 metros cúbicos al año. “No salen las cuentas”, explican desde la asociación ecologista.

Dos denuncias de la Confederación

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha abierto dos expedientes sancionadores a ‘Golf Park Entertainment SL’ por sendas infracciones vinculadas al “alumbramiento de aguas subterráneas”, es decir, captaciones ilegales. La primera data del año 2005 y la segunda, del año 2013. Ahora acaba de abrir un tercer expediente sancionador. ¿Por qué? Porque solo hay autorización para usar el pozo que está en la parcela privada del campo de golf. No se puede usar el agua de ese pozo para regar las zonas verdes que están en la otra parcela, la pública. Así lo estipula el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y la Ley de Aguas. Fuentes de la empresa señalan a Infobae que solo están usando un pozo de manera legal autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y que la denuncia ecologista está dirigida “por dos multinacionales, entre ellas la aseguradora Axa, que quieren hacerse con el campo de golf para hacer un desarrollo inmobiliario que no ha salido, un asunto que está en los tribunales”. Ecología y Libertad asegura que esta acusación es “falsa”, y que si ‘Golf Park’ tiene algún litigio no tiene nada que ver su asociación.

La nueva ampliación de la denuncia, que la Fiscalía debe decidir ahora si incorpora a las diligencias abiertas, señala que los planes urbanísticos vigentes en Alcobendas regulan que la parcela cedida al campo de golf en 1987 debe ser destinada a “parques y jardines públicos”, ya que no se encuentra permitido el “uso deportivo”. Y albergar, por tanto, un campo de golf, es una infracción urbanística muy grave, un delito que no prescribe. La asociación ecologista cree que estos hechos son imputables al concejal de urbanismo, el arquitecto municipal, el secretario municipal y la alcaldesa porque han “impedido deliberadamente la realización de las inspecciones oportunas y adoptar las medidas tendentes a interrumpir la infracción urbanística (tipificada como muy grave) que implicaba que la mercantil Golf Park Entertainment, S.L. hiciera uso de una Zona Verde Pública para una actividad privada”.

En la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento contestó a la asociación ecologista en noviembre de 2025 que no apreciaban motivos para sospechar que se hubiera producido infracción alguna, pese a no haber realizado averiguaciones para comprobarlo. Para Ecología y Libertad, esta actuación apunta a un comportamiento prevaricador. Infobae también se ha puesto en contacto con el Consistorio para trasladarle algunas cuestiones. Al cierre de esta información no había recibido respuesta.