El desbordamiento de la presa de Buseo, la pieza clave con la que se busca la imputación de Carlos Mazón en la causa de la DANA

La imputación del expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la causa de la DANA parecía, hasta el momento, estar lejos de poder cumplirse, ya que al haber estado desaparecido durante la mayor parte de la tarde del 29 de octubre de 2024, resulta muy difícil demostrar cualquier tipo de responsabilidad en la toma de decisiones erróneas y tardías que se llevaron durante esa jornada. Sin embargo, entre toda la documentación que está recogiendo la jueza de Catarroja existe una línea a seguir que podría facilitar este cometido.

Se trata del desbordamiento de la presa de Buseo, que a diferencia del resto de embalses, se produjo pasadas las 22:00 de la noche, cuando Mazón se encontraba al mando del Cecopi (llegó a las 20:28) y, según declaró la exconsellera de Justicia y Seguridad, Salomé Pradas, en sede judicial, “todo se centralizó” en él.

Esto dejaría toda la toma de decisiones a partir de esa hora en manos del expresident y la responsabilidad de todos los avisos y mensajes que fueron ignorados durante esas horas críticas, avisando del inminente desbordamiento, que acabó provocando la muerte de siete personas (dos en Sot de Chera y cinco en Pedralba) en la noche del 29 de octubre de 2024.

Sobre este tema, Joan Comorera, abogado representante de la acusación popular ejercida por FETAP-CGT, indica a Infobae que por el momento no se han llevado a cabo acciones en esta dirección en la causa, pero es una muestra más de que “no supieron gestionarlo, ni dar los avisos oportunos que a lo mejor hubiesen salvado vidas”, porque la “información existía”. “Por el momento está un poco cogido por pinzas, pero es un tirón que podría permitir dar los primeros pasos para imputar a Mazón”, explica.

El nivel mínimo de desbordamiento

La presa de Buseo es una infraestructura centenaria (su construcción finalizó en 1915) que está situada en el municipio valenciano de Chera sobre el río Reatillo y su primera particularidad es que es el único embalse cuya titularidad pertenece a la Generalitat Valenciana, lo que significa que son los encargados de su mantenimiento, seguridad y estado.

En 2019 se redactaron las Normas de Explotación de la presa y se llevó a cabo una nueva cubicación, detallando los mínimos de seguridad. Así se indicó que el riesgo de desbordamiento, y por ello situación de emergencia, se alcanzaría en el momento que la presa superará los 8,25 hectómetros cúbicos (hm3), que miden el volumen embalsado, es decir, la cantidad total de agua que contiene el embalse en ese momento.

El día de la DANA este nivel alcanzó los 8,866 hm3 a las 22:15, provocando que se vertiera por coronación, es decir el agua se empezó a salir por la parte alta de la presa. A esto hay que sumarle que el propio vertido provocó daños en la única toma operativa de las cuatro que tenía la presa, que “quedó cerrada y sin posibilidad de ser maniobrada”, según detalla un informe posterior, y se produjo una rotura en la toma 1, produciendo una fuga. Esto se debió a que la presa no se encontraba en condiciones óptimas, según varios informes que se llevaron a cabo antes de ese día, el último en el propio verano de 2024.

El agua vertida por la parte alta de la presa y por la fuga alcanzó primero el municipio de Sot de Chera, a unos 2,5 kilómetros, donde un niño de tres años y su padre fueron arrastrados por el agua mientras se encontraban trabajando en una finca pasadas las 22:45, según declaró la mujer y madre de las víctimas en el juzgado. Estaban fuera, porque el único aviso que habían recibido de las autoridades fue el Es-Alert de las 20:11, que solo les pedía que evitaran “cualquier tipo de desplazamiento en la provincia”, sin indicaciones más concretas de lo que estaba ocurriendo.

Los avisos de lluvia de la CHJ

Y es que ni la gente de Sot de Chera ni la de Pedralba fueron informados del peligro que corrían, aun teniendo la Generalitat suficiente información para entender que la situación era de peligro. Desde la mañana de ese día, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estuvo mandando avisos automáticos de lluvias en los momentos en los que se superó los límites establecidos, habiendo hasta cinco entre las 9:00 y 21:00, que se publicaban en su propia página web y que se enviaban a Protección Civil, al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y a la Delegación de Gobierno de Valencia.

Sumado a esto, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), pertenecientes a la CHJ, de Buseo aportó los datos sobre el volumen embalsado dentro de la presa, cuyo último dato fue el de las 22:15, superando el umbral, porque el aparato de medición fue arrancado por la corriente y se tuvieron que hacer de forma manual.

“Se debería avisar a Sot de Chera”

Aquí entra el papel de uno de los ingenieros que estuvo personado en la presa durante toda la noche, Alberto Canet. Como trabajador de la empresa TYPSA, subcontrata de la Generalitat para la gestión de la presa, mandó varios avisos a horas claves de esa noche.

El primero fue a las 20:41, avisando de un inminente desbordamiento al director de la explotación de la presa y a la CHJ, diciendo de forma textual “el caudal entrante es de 180 hm/segundo. Desbordaremos en 3,5 horas por el aliviadero”. No hubo respuesta.

Horas más tarde, a las 23:02, escribió un nuevo mensaje, ya incluyendo a la sala del 112 entre sus destinatarios, con un texto más contundente, en el que tras explicar que no pueden seguir avanzando por el agua, indica que “en principio la presa debe estar vertiendo agua por el aliviadero de margen derecha. El último dato publicado por CHJ a las 21:00 la presa estaba a punto de desbordar, y el caudal entrante era de 500 m3/s, la capacidad del aliviadero es de 250 m3/s aproximadamente, es probable que la presa esté vertiendo por coronación y el caudal aguas debajo de la presa hacia Sot de Chera sea elevado”.

Continúo a las 00:10 explicando que no pueden determinar si la presa está vertiendo por coronación, “es probable que sí” y mostrando su preocupación por el estado de la presa, que en ese momento era imposible de determinar, pero “no es buena”. “Se debería avisar a Sot de Chera para que traten de desalojar la parte baja del pueblo”, cerraba.

El último correo fue enviado a la 1:05: “Tras correos anteriores indicando el posible nivel de presa (ya que hasta el momento no hemos podido comunicar con los operarios de presa) Es probable que se haya superado el umbral límite que corresponde a un estado de emergencia nº3″. Añadía una indicación a su correo anterior, explicando que “es probable que el vertido del aliviadero lateral supere los 300 m3/s hacia Sot de Chera” y que “se esté superando el nivel de coronación”. Estos mensajes, además de estar aportados en la causa de la DANA, fueron confirmados por el ingeniero en su declaración en sede judicial.

Sin embargo, el estado de emergencia nivel 3 no llegó nunca y solo se elevó al 2 el 30 de octubre a las 9:15, cuando el agua ya se había desbordado y habían fallecido las siete personas. De haberse seguido la indicación del ingeniero de alcanzar ese nivel, la Generalitat, a través del CECOPI, tendría que haber avisado a la población “situada en la zona inundable en la primera media hora” para desalojarles, situación que nunca llegó.